Alrededor de 233.320 familias, en todo el país, se beneficiaron con la legalización masiva de pequeños y medianos predios. El proceso lo impulsó el Ministerio de Agricultura.
Unidad de Investigación La familia de Blanca Chilpe se separó debido a la crisis financiera de 1999, conocida como feriado bancario. Ella y sus hermanos se criaron sin su papá porque él, al igual que miles de ecuatorianos en esos años, migró a Estados Unidos para buscar una mejor oportunidad de trabajo y mantener así a su parentela.
Años después, Blanca también decidió viajar a los EE.UU. y allí conoció a su actual esposo de nacionalidad mexicana. Pasaron algunos años hasta su regreso a Ecuador, pero ahí fue cuando “se enamoró de la Revolución”, contó sonriendo. Ella es actualmente la presidenta de la Cooperativa Agrícola La Indiana y una de los 115 socios que fueron beneficiados del proyecto “Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano” (ATLM) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap).
La hacienda La Indiana no solo le pertenece a la Cooperativa, sus más de 1.400 hectáreas fueron distribuidas a otras organizaciones campesinas como la Asociación 27 de octubre, con 51 adherentes, Arroceros de Cone (47) y Asociación del Buen Vivir (38).
Por su parte, la Cooperativa Agrícola La Indiana nació en 2002 y luego de 9 años de lucha, finalmente en 2011 lograron ser beneficiarios de 584 hectáreas de la hacienda ‘La Indiana’, cuyos dueños eran los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, también propietarios del extinto Banco Filanbanco, y quienes en 2000, un año después del feriado bancario, se autoexiliaron en Miami (EE.UU.).
No obstante, el camino no ha sido fácil -dijo Elías Bazurto, gerente de la Cooperativa-, quien se lamenta que, incluso, algunos de sus compañeros fueron asesinados al enfrentarse a “grandes intereses económicos”.
Ahora, luego de 5 años, la Cooperativa “está sólida, somos agricultores y estamos en producción especialmente de caña”, según resaltó Blanca. Sin embargo, no quieren limitarse a ese producto porque en algunos casos los ingenios azucareros no les compran y pierden su inversión. Por ello, ahora siembran maíz, verde, cacao, naranjilla, sandía, yuca, papaya, fréjol y buscarán criar pollos y cerdos para su venta.
Su meta es “cerrar su círculo productivo” con mercados populares que los independicen de los grandes empresarios, para vender directamente su producto a los consumidores. En esto coincide Martín Ávila, parte de los 54 socios de la Asociación de Trabajadores Autónomos en la Producción Agropecuaria (Astapa), con 8 años de vida, y quienes fueron beneficiarios con 194,96 hectáreas.
Ávila explicó que han solicitado al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) que les conceda un local que pertenecía al Banco La Previsora para instaurar el primer mercado popular en el cantón Marcelino Maridueña (Guayas), pero el proceso se ha retrasado. Dijo que intentarán replicar esta idea a escala nacional en beneficio de los grupos más pobres y vulnerables.
En ese sentido, estas 2 organizaciones campesinas apoyarán con máquinas y capacitación a Monte de Dios, María Leonor y de Producción Agropecuaria Lucharemos por la Tierra (Asoproluti), asociaciones nuevas en el proceso y a las cuales se les adjudicarán 250, 126 y 173 hectáreas, respectivamente.
Ávila mostró su preocupación con respecto a cómo el Municipio de Guayaquil ha logrado parar el proyecto ATLM en Chongón, al declarar 1.903,7745 hectáreas como parte del “nuevo límite urbano” de Guayaquil. Con ello -dijo- perjudican a las demás organizaciones campesinas que están en la lista de espera para obtener su tierra: “Son los que siempre se oponen a todo y se han tomado muy a pecho este proceso de adjudicación. Creo que pensaban que los pequeños productores tenían que ser empleados de los grandes toda la vida pero no, ahora, tenemos nuestros propios emprendimientos”.
Normativa
El proyecto ATLM tiene por objetivo contribuir a reducir la inequidad del acceso a la tierra, para pequeños y medianos productores agropecuarios mediante la adquisición, redistribución, legalización de predios estatales, privados, baldíos que permiten el desarrollo productivo y bienestar de los productores y familias rurales; agricultores con poca tierra o sin ella, para que las mismas sean reactivadas productivamente.
En 6 años, de acuerdo con datos del Magap, se beneficiaron 233.320 familias a escala nacional. Solo el año anterior, además, se registraron 314.625 predios de pequeños y medianos agricultores con título de propiedad y 314.625 propiedades con providencia de adjudicación. Mientras que en lo que va de 2016, se redistribuyeron 63.501,77 hectáreas a pequeños y medianos productores y 782.661,87 hectáreas tituladas en favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Finalmente para 2017 se puso en marcha 63.501,77 hectáreas para proyectos provechosos.
Fuente: El Telégrafo | ElProductor.com

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