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El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se allanó a 16 de las 18 observaciones que presentó el Ejecutivo a la ley de Tierras y Territorios Ancestrales, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria en el país y la redistribución de tierras para mejorar la producción agraria. El texto será publicado en los próximos días en el Registro Oficial.
Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Legislatura, indicó que uno de los beneficios de la nueva normativa es que se podrá “redistribuir tierra que esté ociosa o sin producir”.
La normativa da paz a los propietarios de tierras que en la actualidad se encuentran produciendo, asegura el asambleísta. “Hay tranquilidad para quienes tienen propiedades menores a 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa, y menores a 100 en la Amazonía, que no se podrán expropiar, y tranquilidad para los que tienen propiedades de superficies mayores que están produciendo”, señaló.
La aprobación de la ley fue calificada como «histórica» por la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pues es una conquista más en beneficio del agro y de la soberanía alimentaria.
La normativa regula el cumplimiento de la función ambiental que significa que la tierra rural debe estar dedicada a la producción amigable con el ambiente o a la conservación con fines agrarios, a la protección de bosques u otra actividad en beneficio del ambiente. El incumplimiento de la función social y de la función ambiental será causal para afectar la propiedad de la tierra rural.
Otro de los beneficios de la normativa es la creación del Fondo Nacional de Tierras, que permite que los campesinos sin tierra, con poca tierra, o con tierra de mala calidad, puedan acceder a tierra y a créditos e incentivos para la producción.
Además, la Ley regula la participación de empresas públicas extranjeras en las tierras bajo dos parámetros fundamentales: que se garantice la soberanía alimentaria y que todas las compras sean autorizadas por el Ministerio de Agricultura, para evitar que se afecte la producción de alimentos para el país.
El Pleno de la Asamblea ecuatoriana decidió no allanarse a dos de las objeciones que puso el Ejecutivo. La primera referente a que se puedan entregar al Estado tierras colectivas para obras públicas relacionadas con sectores estratégicos. Los legisladores aprobaron el texto original en el que se establece que la entrega de tierras solo se hará para proyectos destinados a salud, vivienda y educación, tal como se acordó con los campesinos en el proceso de consultas pre-legislativas.
La segunda, tiene que ver con la objeción del Ejecutivo que planteaba que si alguien interpone un recurso administrativo en un proceso de expropiación de un terreno, este se suspenda hasta que quede resuelto.
Para la construcción de la Ley la comisión legislativa realizó un proceso de consulta pre-legislativa en la que participaron 248 organizaciones de campesinas de primer grado, 618 organizaciones en audiencias provinciales (de segundo grado y otras que decidieron participar) y 13 organizaciones nacionales. Además se recogió los criterios de alrededor de 7.000 personas dirigentes y representantes de las organizaciones de titulares de derechos colectivos.
En el texto también se propone la expropiación de predios rurales, cuyas tierras estén desaprovechadas. En cuanto a la redistribución, el Estado pretende garantizar el acceso a la tierra productiva a las personas que se encuentran dentro del sector de la economía popular y solidaria, en especial organizaciones campesinas y, finalmente, queda prohibida la concentración de tierras rurales con fines de especulación, comercialización o monopolio.
Fuente: Andes | ElProductor.com
