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Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó ayer el informe para segundo debate del proyecto urgente de Ley Orgánica Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto.
En dicho informe, el organismo incluyó una disposición transitoria en la cual se señala que “la entidad encargada de la fijación de precios de los mismos (derivados de petróleo) realizará los ajustes necesarios en la cadena de comercialización, para lo cual emitirá una normativa respectiva que permita la aplicación del presente artículo. El Ministerio de Finanzas realizará los ajustes y transferencias correspondientes”.
Aquello quiere decir que una norma secundaria (resolución) determinará cuál será el mecanismo para que no suba el precio del GLP ni tampoco de los combustibles.
El asambleísta Carlos Bergmann (AP), así como el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, mencionaron que las entidades competentes definirán los lineamientos para que el Estado ecuatoriano cubra el incremento de 2% al IVA para no causar un impacto en derivados.
La transitoria llega luego de que, la semana pasada, representantes de los comercializadores de combustibles manifestaron que con el aumento del IVA los precios de los combustibles se elevarían entre $ 0,015 y $ 0,03 por galón.
El precio de venta al público de la gasolina extra pasaría de $ 1,48 a $ 1,5035 por galón y el diésel subiría de $ 1,037 a $ 1,0538. La gasolina súper variaría en $ 0,03 aproximadamente, dependiendo de cada comercializadora porque la fijación de su precio de venta es libre.
El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), Francisco Silva, recordó que en el decreto ejecutivo que establece las reglas para el cálculo de los precios de venta de las gasolinas y el diésel, ordena sumar el IVA al valor de venta en terminal para los distribuidores.
“Está previsto que haya una solución. Si en este caso no asumen los consumidores y no asumen los comercializadores, obviamente le corresponde al Estado buscar los mecanismos de solución para que no haya afectación en terceros”, expresó Leonardo Orlando.
Bergmann acotó que el Ministerio de Finanzas cubriría la diferencia por el alza del IVA. Incluso mencionó que se podría ampliar el subsidio a los combustibles durante el tiempo que rija el incremento. El proyecto de ley señala que los 2 puntos de elevación tendrán una duración de 12 meses, que podrán ser disminuidos mediante decreto presidencial.
Fuente: El Telégrafo | ElProductor.com
