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La embajadora de Ecuador ante la ONU, en Ginebra, María Fernanda Espinosa, expuso en esta capital los esfuerzos desde este país para liderar el proceso que busca fijar reglas claras para los Tratados de Bilaterales de Inversión (TBI) entre los Estados y las transnacionales, y que tendrá en octubre una nueva sesión negociadora.
“Este tratado básicamente tiene la función de regular la operación de las transnacionales dondequiera que estén ejerciendo sus actividades en relación con estándares de derechos humanos y ambientales”, señaló Espinosa en entrevista con el programa ‘Ecuador no para’, del canal ‘El Ciudadano Tv’, coproducido por Andes.
La representante ecuatoriana en la urbe ginebrina fue elegida como presidenta de este Grupo de Trabajo en el que participan 193 Estados, luego de la propuesta presentada por Ecuador y Sudáfrica. El objetivo es que el tratado tenga el carácter de vinculante.
Espinosa se refirió a un proceso de diálogo en marcha en Ecuador con 16 instituciones del Estado, a fin de consensuar los aportes sobre una posición nacional, previa a la reunión de negociación prevista en octubre de este año en la ONU, sobre los estándares que debería contener dicho tratado.
«Esta prioridad de normar y regular la operación de transnacionales en relación con los derechos humanos es una prioridad del Estado ecuatoriano, no solamente del gobierno», precisó al citar que están participando varias entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, la cual, dijo, “tiene un rol importante en el proceso y ha tenido una participación activa”.
Dijo que están programados un diálogo y una consulta regional con países de América Latina en el cual participarán 18 países y expertos como parte de la preparación; también se realizará un proceso similar en los países asiáticos y está pendiente otro en el continente africano.
Indicó que la idea es que pese a la diversidad intrarregional, pueda establecerse en este tema una posición compartida, de cara a las negociaciones de fines de este año en Ginebra, que estuvieron antecedidas por un encuentro en julio del año pasado.
La representante ecuatoriana ante la ONU señaló que el poder económico de las transnacionales es creciente y constante expansión, con un nivel de influencia política enorme.
“Pero no puede ser que tengan todos los derechos, porque tienen todos los derechos incluso garantizados por los TBI, ¿pero que no tengan ninguna obligación?”, se cuestionó.
«La idea es armonizar, equilibrar, todos los derechos que tienen las transnacionales y también sus obligaciones de cumplir estándares mínimos de derechos humanos y derechos ambientales. Es lo mínimo que se puede pedir», acotó.
Argumentó que muchas de estas empresas tienen el doble o el tiple del Producto Interno Bruto de los países donde operan, y por otra parte dijo que es preciso vigilar y establecer un control sobre la cadena de valor, para que se respeten los derechos humanos y ambientales, y el derecho a vivir en armonía con la naturaleza.
Precisó que en la actualidad el 80% de los bienes y servicios que se producen en el mundo se realiza en distintos países.
«Creo que es una necesidad urgente del siglo XXI tener al menos un marco vinculante con reglas claras que, además, tope en toda la cadena de valor”, comentó.
La enviada de Ecuador en el organismo internacional señaló que existen varios ejemplos de países en el mundo que se han visto afectadas por las malas prácticas de las transnacionales, no solamente Ecuador con la Chevron-Texaco que contaminó la Amazonía y ahora un tribunal obliga al país a pagarle a esa empresa estadounidense casi 100 millones de dólares.
En su opinión, existe una coyuntura muy positiva para impulsar este tratado, ya que “el mundo ha despertado y ha dicho hay que poner reglas acá y poner reglas claras”.
Citó un estudio del diario The Economist, realizado el año pasado, según el cual los empresarios demandan ‘certeza jurídica’ entre sus requisitos para invertir en un país, por lo que de ser aprobada esta iniciativa sería un “ganar ganar” para todos.
«Un tratado de esta naturaleza tendría un poder disuasivo, es decir, más que para saber cómo remediar a las víctimas que se afectan, es para impedir que se vulneren los derechos humanos en cualquier parte del mundo», acotó.
Recordó que en la ONU se registran intentos por normar las operaciones de las transnacionales desde hace más de 70 años, pero han colapsado, pero expuso su confianza de que este último frutifique, al señalar que es la primera vez que existe un mandato de un órgano tan importante como el Consejo de Derechos Humanos para negociar un tratado al respecto.
Fuente: Andes | ElProductor.com
