Para José Antonio García uno de los principales retos que enfrenta la economía popular y solidaria (EPS) es cambiar la percepción de que este segmento económico no genera riqueza o que sus productos no son de alta calidad, con perfil de exportación. Citando cifras oficiales, dijo a EL Telégrafo que, aproximadamente, el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) está relacionado con la EPS.

¿Qué logros ha alcanzado el instituto en favor de la EPS? Desde su creación en 2009 hasta la actualidad, casi $ 75’000.000 hemos podido invertir en más de 460 proyectos, beneficiando a más de 50.000 familias en todo el país. Trabajamos en tres áreas principales: fortalecimiento de actores, fomento productivo y acceso a mercados. ¿Cómo se está apoyando a la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas? Hemos realizado 7 ferias de ‘Somos tus manos Ecuador’, en Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, Riobamba e Ibarra. Más de 160 artesanos y productores han participado. Hemos podido vender más de $ 60.000.

Estamos trabajando en 40 proyectos de cofinanciamiento en estas dos provincias, que buscan generar una mayor capacidad productiva. Estamos hablando de alrededor de $ 6’000.000. Son temas en el área textil, pesca, artesanal, agrícola, lácteos, alimentación, servicios. Ahora nos encontramos en la etapa de evaluación de los proyectos. Hay interés de la Unión Europea (UE) por financiar estos proyectos.

¿Cómo están preparándose para aprovechar el acuerdo comercial con la Unión Europea?

Hemos mantenido reuniones de trabajo con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, para evidenciar cuáles serían los efectos positivos del acuerdo. La UE valoriza los componentes del comercio justo y la EPS los tiene. El comercio justo destaca por su componente social y eso es lo que individualiza a la EPS frente a los demás procesos. Individualmente tenemos limitaciones, pero colectivamente las superamos y podemos generar procesos productivos de mejor calidad.

¿Cuáles han sido los resultados en contratación con el sector público y en acceso al mercado privado?

Al momento se han articulado más de $ 400’000.000 con el sector público en contratación de bienes y servicios, gracias al Catálogo Inclusivo. Un ejemplo reciente es que en Coca Codo Sinclair se hizo un contrato para la alimentación de los trabajadores de la hidroeléctrica por más de $ 1’600.000 con una organización de la zona de influencia, beneficiando a alrededor de 40 familias. Con el sector privado participamos en las rondas de negociaciones que organiza la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM), para que los actores de la EPS puedan consolidar que su producto llegue a las perchas de supermercados.

En las dos últimas macrorruedas, en Cuenca y Santo Domingo, hemos podido articular procesos de venta que superan los $ 250.000. (I)

Fuente: El Telégrafo | ElProductor.com

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