Con 12 votos a favor y cuatro en contra el Concejo Cantonal aprobó ayer en sesión extraordinaria la resolución sobre el estado de actividades de minería metálica dentro del cantón Cuenca.

El documento presentado por el alcalde de la ciudad, Marcelo Cabera, fue sujeto a varias modificaciones en las que se incluyeron propuestas de algunos de los ediles, dicha resolución se enviará al Presidente de la República.

Resoluciones

Entre las resoluciones se destaca la importancia que tiene el cantón para la preservación, protección, restauración de las fuentes de agua, especialmente las que se ubican en zonas de páramo por su sensibilidad en el equilibrio ecológico.

A esta se suma la declaratoria del territorio de Cuenca, sus páramos y ecosistemas frágiles y amenazados, que se encuentran dentro del área de Reserva de la Biósfera del Macizo del Cajas en los correspondiente al cantón y en las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas determinadas por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) libres de minería metálica, de manera especial las circundantes al Parque Nacional del Cajas.

Exigir a los ministerios de Minería y Ambiente, que entreguen toda la información requerida.

así como las autorizaciones correspondientes a través de dichos ministerios, para el ingreso de los técnicos e investigadores de las universidades, a fin de iniciar la realización de los estudios contratados por el Municipio de Cuenca.

La resolución manifiesta también exigir al Gobierno Central a través del Ministerio de Minería la suspensión de las actividades de explotación y exploración de minería metálica en los Proyectos de Río Blanco y Loma Larga (Quimsacocha)

Además de remitir a la UNESCO la información sobre el proceso de concesión minera dentro del cantón, por ser suscriptores del Convenio Ramsar; a su vez, al ser también parte de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad del Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino, de tal forma que esta institución también pueda articular mecanismos en defensa de las resoluciones del Concejo Cantonal.

Comisión

Una vez instalada la sesión, y previo a la recepción de las propuestas y posterior debate por parte de los concejales, el alcalde permitió la intervención por medio de Comisión General a la viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, quien presentó la estrategia MAR que busca la mitigación, adaptación y reversión frente al cambio climático, aclaró que dicha estrategia fue construida participativamente y siguiendo el curso del ciclo del agua.

Intervino también Ana Toledo, presidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, quien apeló a la sensibilización de los ediles para la conservación de las fuentes de agua como un derechos de los grupos de atención prioritaria.

Como representante del Colectivo Yasunidos-Guapondélig, participó Carolina Vallejo, quien aseguró que no hacen faltan más estudios técnicos para darse cuentan de las consecuencias negativas que tiene la minería, presentó además al Concejo Cantonal seis peticiones.

En representación de los habitantes de Victoria de Portete y Quimsacocha se pronunció Efraín Arévalo, quien precisó que son 14 años de lucha la que tienen estas poblaciones en contra de los procesos mineros.
Mientras que en representación de los jóvenes, se pronunció David Fajardo, quien solicitó la clausura de los campamentos mineros. (JBS) -(I)

Reacciones tras resolución

Para el burgomaestre el Concejo Cantonal actuó responsablemente, comentó que el manifiesto será de conocimiento público y esperan una pronta respuesta del Gobierno Nacional. Con respecto a los comentarios de que el tema se ha politizado, negó esta postura y recalcó que por tres ocasiones ha pedido el ingreso a los sectores de Río Blanco y Quimsacocha, sin obtener respuestas.

María Cecilia Alvarado considera que la resolución es un triunfo de las organizaciones sociales y campesinas. “Una resolución no cambia las cosas, no quiere decir que con esto las mineras se van a ir, pero da herramientas jurídicas para exigir ante los organismos internacionales que se respete la decisión de los azuayos y cuencanos”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Orellana, concejal presidente de la Comisión de Medio Ambiente, aclaró que cada nivel de gobierno tiene un determinado ámbito de competencia y que ninguno puede interferir en las competencias de otro, por lo que considera fundamental que a la hora de tomar una decisión se razone sobre la posibilidad de que se pueda cumplir lo que se resuelve.

“Es una estrategia que responde a tratar de generar una cortina de humo frente a la forma negligente que ha habido de administración en la ciudad” dijo Orellana.

 

 

Fuente: El Mercurio | ElProductor.com

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