El exministro se acogerá al proceso de colaboración eficaz. La Fiscalía pedirá detalles sobre la corrupción en Petrocuador.

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos procesado por al menos cinco delitos derivados de la corrupción en Petroecuador, tendrá hoy el primer contacto con sus abogados.

En ese encuentro que será en la cárcel 4 de Quito, a donde fue llevado después de aterrizar en el aeropuerto de Tababela, se definirán detalles de la colaboración eficaz a la que se someterá con la Fiscalía.

Ese fue el objetivo de su regreso luego de casi un año de radicarse en Estados Unidos. La disposición de colaborar con las investigaciones las evidenció en declaraciones antes y después de salir de EE. UU.

El pedido lo tienen que formular sus abogados a la Fiscalía, que deberá expresar en la acusación si ha sido eficaz. La colaboración eficaz está dispuesta en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sus beneficios se delimitan en el 493 del mismo cuerpo legal.

Se entiende como cooperación al acuerdo de suministro de datos o informaciones precisas para aclarar los hechos y la identificación de los responsables.

El exmagistrado Mauro Terán dice que si el testimonio de Pareja “permite procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva”, el fiscal podría pedir no menos del 10 % de la pena mínima fijada para la infracción. Ese es uno de los mayores beneficios.

Pareja fue señalado por la Fiscalía como el responsable directo de la corrupción en Petroecuador. Él ha indicado que no tiene nada que ver con el caso y no está en la lista de Odebrecht.

Su retorno, que fue posible por las gestiones del titular de la Asamblea, el oficialista José Serrano, tiene varias lecturas.

Están los positivos como Luis Fernando Torres, de la alianza Cambio- PSC, para quien Serrano actuó correctamente, no invadió funciones de nadie, lo acompañó y entregó a la Policía.

Es que las conversaciones para el regreso de Pareja no fueron lideradas por la Fiscalía como en otros casos, sino por Serrano y estuvo al tanto el presidente Lenín Moreno.

“Recibimos una especie de contacto por parte de personas allegadas a Carlos Pareja, quienes manifestaron que existía la voluntad de entregarse”, fue la explicación de Serrano.

De ahí las dudas del exfiscal y catedrático universitario Pablo Encalada. “Tengo reparos y dudas respecto de una colaboración eficaz en los casos que están con sentencia”, señala.

Del retorno de Pareja no conoció el fiscal Carlos Baca. Encalada cree que lo óptimo hubiese sido que él participe, aunque cree que el solo hecho de traer a Pareja ya es valioso.

La lectura de la asambleísta de CREO Ana Galarza es que “el presidente Moreno no confía en el fiscal”.

Un tratamiento que se diferencia dependiendo del actor y el caso

El procedimiento en la entrega voluntaria del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, investigado por presuntos actos de corrupción en el anterior gobierno, desvela un tratamiento distinto al que se le dio al exasambleísta Galo Lara Yépez, culpado por una supuesta complicidad en un triple crimen.

¿Por qué el uno vino esposado y el otro no? ¿Por qué al uno lo enviaron a una cárcel de máxima seguridad y al otro a una de mínima? ¿Qué autoridad o entidad debió intervenir en su búsqueda, captura y traslado? ¿Qué protocolos se deben aplicar en estos casos?

Dos juristas consultados por EXPRESO concuerdan en que ambos casos son distintos, pero con un fondo político. “Tanto Galo Lara como Carlos Pareja se encontraban sentenciados, con una pena por cumplir. En el caso de Pareja aún hay recursos pendientes, es decir, no habría una sentencia en firme; en el caso de Lara, él no se entregó a la justicia, fue capturado por la Interpol y posteriormente deportado a Ecuador, mientras que Pareja se entregó”, explica el abogado César García.

Situación que, a criterio del abogado Julio César Cueva, pesó en la forma como fue traído Lara: con esposas en las manos y en los pies. “Por razones de seguridad a estas personas se las traslada debidamente esposadas, para evitar que a mitad del vuelo vayan a hacer algo que ponga en riesgo la seguridad del avión”. Un riesgo que -dice- no se veía en Pareja, de ahí que llegó sin ataduras.

Y, si bien Pareja fue sentenciado a cinco años de cárcel por un delito de cohecho, llama la atención que no haya sido trasladado a la cárcel de Latacunga para que cumpla la condena, sino a la número 4 de Quito. Un centro de rehabilitación de mínima seguridad. “Seguramente por tratarse de temas políticos o quizá por temas de seguridad”, considera García. Algo con lo que concuerda Cueva. “Tenemos que ponernos a pensar que si alguien nos va a entregar una información que permita dar con las cabezas de esta organización de corrupción, el Estado no pierde nada dándole al señor ciertos beneficios a cambio de la importancia de la información que tiene”.

Una información que, según los juristas, vendría de un acuerdo cien por ciento político, aunque el presidente de la Asamblea, José Serrano (intermediario de la entrega de Pareja), lo haya descartado.

Un pacto que no serviría jurídicamente para reducir una pena, mientras no esté firmada un acta de cooperación eficaz con la Fiscalía, que se ha mantenido al costado de la entrega de Pareja.

Lo que sí no llamaría la atención, resalta García, es que el también conocido como Capaya cambie su condición a testigo protegido en los otros casos que es investigado.

“El riesgo de un delator es que lo vayan a matar”, señala Cueva, de allí que Pareja podría pedir o el Estado le puede dar esa condición, algo un poco complicado dentro de la prisión.

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