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Conseguir una gestión del agua más integral y sostenible supone construir consensos sociales y políticos que superen las múltiples barreras sectoriales y territoriales.
El derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido explícitamente por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos, y acogido en gran parte de las constituciones y legislaciones de la región, sigue siendo lamentablemente una aspiración lejana para muchos latinoamericanos.
Para cambiar la situación, es importante atender la brecha de infraestructura hídrica. No es una tarea sencilla, pero es alcanzable. Según estimaciones de CAF –banco de desarrollo de América Latina-, con inversiones anuales del 0,3% del PIB regional hasta el 2030 se podría avanzar hacia la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento y realizar progresos importantes en tratamientos de aguas residuales y drenaje urbano.
No obstante, alcanzar estos montos supone triplicar la inversión histórica en el sector y requiere de un decidido compromiso político, institucional y presupuestario por parte de los gobiernos de la región.
