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Colombia fue elegida como la próxima sede del Congreso Mundial del Aguacate 2019. La pelea era contra Nueva Zelanda, que disputaba la posición, luciendo su progreso en la producción del fruto.
Los colombianos -adornados con indumentaria futbolera tricolor- mostraban en pantalla grande sus encantadores valles y su alegre gente.
Las cifras revelarían el porqué de esa alegría: los productores andinos pasarían de exportar aguacate por US$10,5 millones en el 2015 a US$35 millones en el 2016 y alcanzarían los US$53 millones el año pasado. Y este año esperan US$70 millones, aseguran en Corpohass, el equivalente colombiano de Prohass. Aunque aún son ventas tímidas respecto a las del Perú.
Con 230 mil toneladas despachadas por US$580 millones en el 2017, según el Minagri, Perú es el segundo proveedor global después de México. Pero las cifras de Colombia exhiben un potencial prometedor que los inversionistas no han tardado en explorar.
Corporaciones globales como Mission (en sociedad con la colombiana Cartama desde el año pasado) y la sudafricana Westfalia (que a principios de este año se asoció a la chilena líder de la fruta Agricom), las peruanas Camposol (que adquirió sus primeras 350 ha) y Agrícola Cerro Prieto (a través de una alianza de comercialización con Fruty Green en octubre pasado) ya lo han descifrado y han hecho su apuesta.
«En efecto, Colombia tiene varias ventajas competitivas para el aguacate», explica André Marques, gerente general de la consultora Competitive Agribusiness.
Para los peruanos, parten con la posibilidad de garantizar programas de comercialización las 52 semanas del año, ya que la ventana productiva colombiana (octubre-marzo) completa la peruana (abril-setiembre).
Además, por las condiciones agroclimáticas (se produce entre los 1.800 y 2.200 m.s.n.m.) el contenido de aceite del fruto -que es su gran valor nutricional e industrial- es superior.
Y no menos atractivos son sus puertos en el Caribe (Cartagena y Santa Marta) y el Pacífico (Buenaventura), que permiten unos 10 y 15 días menos de tránsito hacia Estados Unidos y Europa, respectivamente, que desde Perú.
Pero, sobre todo, hay agua y hay tierras
Se estima que existen unas 14 mil hectáreas instaladas de las 30 mil cultivables, según José Luis Restrepo, presidente de Corpohass. La mayoría -ubicada en el eje cafetero- fueron abandonadas cuando la guerrilla arremetió hace más de medio siglo, por lo que se devaluaron.
“Hubo riesgo de invertir, pero ha habido una transformación en la inversión”, sostiene. “Las inversiones han hecho que la tierra se revalorice”, añade y apunta que el costo por hectárea es de entre US$3.000 y US$10.000, según la zona, hasta cinco veces menos que en la costa peruana.
Dichos atributos convencieron a Cerro Prieto y a Camet Trading, tercer y cuarto exportadores peruanos del cultivo, respectivamente.
La primera alista una inversión patrimonial junto a un socio local, revela Alfredo Lira, su gerente general. Y la segunda -bajo el mismo modelo- analiza invertir en un vivero, informa su gerente general, Enrique Camet. Entre los interesados, también hay productores independientes peruanos pequeños y medianos.
Retos y oportunidades
Los inversionistas también entienden que existen retos de arranque, como la presión de plagas y enfermedades, ante la que Estados Unidos exige tratamiento cuarentenario, al que hasta ahora unas 2.700 ha se han adecuado.
El acceso de la palta colombiana al gigante norteamericano se abrió en agosto del año pasado.
Otras limitantes son el déficit o mal estado de carreteras para llegar a las empacadoras y puertos, la competencia con el café por la mano de obra y el desarrollo de know-how.
“Hay que entender cómo se produce bajo condiciones de lluvia”, advierte Ricardo Uribe, gerente general de Cartama, que tiene 1.250 ha de palta propias.
Y ver al negocio como una empresa, “no como un boom”, reflexiona el ejecutivo.
Es que las oportunidades que se pueden cosechar con la hass en el tiempo son esperanzadoras. Desde consolidar la oferta a China (cuyo acceso esperan para el tercer trimestre de este año) a generar garantías para el éxito del acuerdo de paz, firmado en noviembre del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.
