El experto chileno señala que Perú, Chile, Colombia y Ecuador han establecido legislaciones mucho más claras inspiradas, en sus propias experiencias y en la de otros países.

La minería en el Ecuador vive un momento crucial como resultado de la implementación de políticas sectoriales que tienen como eje principal de acción la responsabilidad social de quienes practican la actividad extractivista en todas sus fases.

Según el Ministerio de Minería, desde el año 2015, en este país andino se empezó a evidenciar el resultado de la política pública orientada a promover el desarrollo de una minería responsable y de la minería a gran escala, como una industria que el país aspira a que sea un eje de generación de desarrollo.

La ministra de Minería (e), Rebeca Illescas, señaló en el foro “Ecuador minero por un buen camino”, realizado esta semana, que en los próximos cuatro años los proyectos mineros en construcción generarán más de 4.500 millones de dólares.

“Las exportaciones hasta el 2021 significarán 3.700 millones de dólares y 1.326 millones de dólares más por el pago de regalías, patentes, utilidades, impuestos al valor agregado y a la renta, en el mismo período”, explicó.

En este contexto, el experto chileno en Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias en Minería Manuel Farías se refirió en entrevista con Andes a de la responsabilidad social y relaciones comunitarias en esta área en el Ecuador y a nivel regional.

¿Cómo se encuentra el tema de la responsabilidad social y las relaciones con comunidades en el tema de la minería en Ecuador y de la región?

En el Ecuador y en la región se ha visto una evolución en lo referente a responsabilidad social y el rol que juega la empresa minera en la sociedad. Anteriormente la empresa tuvo como propósito maximizar sus utilidades, y el hecho de invertir en medio ambiente, en la comunidad, en infraestructura, etcétera., no estaban dentro de sus prioridades. Hoy el mundo ha evolucionado y las distintas legislaciones han cambiado y se puede observar que países como Perú, Ecuador, Chile y Colombia han ido estableciendo legislaciones mucho más claras inspiradas, probablemente, en sus propias experiencias y en la de otros países”.

¿Las políticas públicas adoptadas en Ecuador y en la región han sido las más óptimas para el sector minero?

Nosotros somos un continente joven y en el ámbito de la minería estamos en un ‘boom’ que data de no más de 30 años. En América Latina se ve un proceso de expansión en la minería de alto nivel con empresas que tienen estándares que han evolucionado y que van de la mano con el cuidado del medio ambiente. Muchas de estas compañías han firmado un pacto global de desarrollo sostenible, propuesto por las Naciones Unidas, donde ellos se comprometen con una serie de acciones a respetar, en sus políticas y prácticas, estos principios establecidos en el pacto. Además, estas reportan, como medida de control, cuál es el desempeño que ellas tienen con los objetivos del pacto.

¿La recaudación de regalías mineras anticipadas, el incremento en la atracción de inversión extranjera son puntos a favor de la industria minera en el Ecuador?

Cuando los recursos no son explotados por el propio país, es decir por una compañía estatal, se debe pensar cómo hacer para que el sector privado también contribuya con las políticas públicas y con el desarrollo. Una de ellas son las regalías, pero estas en el Ecuador y la región deben ser parte de los aportes que las empresas tienen que hacer al erario nacional. En el caso de Chile, nosotros tenemos un impuesto que va dirigido a financiar, principalmente, proyectos de innovación para la competitividad.

¿El desarrollo sustentable satisface las necesidades de la población?

El desarrollo sustentable a nivel de región permite satisfacer las necesidades de la población sin comprometer a las futuras generaciones. Es imprescindible que las empresas entiendan que es necesario crear valor ambiental simultáneamente al valor económico. Ecuador tiene la oportunidad de tomar los mejores ejemplos con respecto al desarrollo de la minería de otros países.

¿América Latina es un buen destino para la inversión minera?

América Latina es un excelente destino para la inversión minera, y el desarrollo del sector se consolida cada vez más. Tan solo por citar un ejemplo, el 46% de nuevos proyectos de cobre y el 48% de nuevos proyectos de oro están en esta región hasta 2027, convirtiéndola en la principal productora de estos minerales.

“Ecuador minero por un buen camino” fue el nombre del Foro que realizó el Ministerio del ramo. ¿Qué experiencias se compartieron?

Hemos contado nuestras experiencias en Chile en distintas áreas, en particular la experiencia en minería con el medio ambiente y su relación con las comunidades, es decir, cómo la minería se puede vincular con el desarrollo de un territorio y la participación de la comunidad. Fue importante reflexionar sobre los desafíos de Ecuador en esta área, de tal manera que este país y vaya tomando sus decisiones en el futuro conforme a su propia realidad.

En el foro realizado esta semana se analizó el tema de los impactos positivos en zonas de influencia ¿Qué significado tiene?

Las compañías mineras definen en sus estudios de evaluación de impacto ambiental el área de influencia del proyecto, eso es la definición legal. Todos los territorios que están vinculados a esta área operacional son definidos como zonas de influencia. Sin embargo se ha señalado que el impacto de influencia va más allá de lo declarado por las compañías, estos impactos, sean positivos o negativos, están muchas veces más allá de las fronteras definidas por las empresas. Lo interesante es que se ha ido comprendiendo que la minería y el territorio ya no es una relación que está basad en maximizar las ganancias, sino que está pensando en el valor compartido, en este caso con las comunidades que son zonas de influencia.

¿Debe existir armonía entre la minería, el Estado y la ciudadanía?

Es positivo, se trata de cambiar la mirada y de establecer una relación de largo plazo que se construye entre la comunidad, el gobierno y la empresa. El gobierno estableciendo los marcos regulatorios adecuados, las conversaciones tempranas con la comunidad, y fiscalizando, adecuadamente, el rol que juega la empresa en lo que declaró. De su parte la empresa cumpliendo con los compromisos que estableció legalmente y haciéndose cargo de los efectos secundarios que la actividad minera puede tener, y la comunidad debe tener en cuenta que hay que mirar que los objetivos son de largo plazo.

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