Las gestiones para garantizar un futuro comercial más favorable para el tomate son de suma importancia para el estado y se mantienen en pie, ello a raíz del conflicto que ha prevalecido desde hace décadas entre productores de tomate estadounidenses —principalmente en el estado de Florida— y mexicanos, debido al conflicto conocido como dumping.

El tema del tomate es de enorme relevancia para los productores sinaloenses, que cuentan con abogados importantes en territorio norteamericano.

En este sentido, el pasado 26 de abril se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México con legisladores sinaloenses, entre quienes se encontraban los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya; la diputada federal Yadira Santiago Marcos y la diputada local por Sinaloa Graciela Domínguez Nava; así como el investigador Cristóbal Cháidez, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC (CIAD), acompañados también por la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora Cristóbal.

Las miras que los productores de tomate y los legisladores mexicanos tienen apuntan a negociar el precio de referencia que rige las exportaciones mexicanas hacia el vecino país de Estados Unidos, protegiendo así los empleos directos e indirectos que esta producción acarrea.

Si bien se trata de un asunto que verdaderamente concierne a todo el país, y con mayores tintes a la entidad sinaloense, la urgencia de atender el problema aún se encuentra a espera de una resolución.

The Packer, portal experto en agricultura y comercio de Estados Unidos, publicó un panel industrial realizado por la Texas International Produce Association el pasado 26 de abril, donde se discutió en torno a la forma en que se venden los tomates mexicanos a los importadores de los Estados Unidos; así como una conferencia de prensa para revisar los hallazgos de un análisis realizado por los especialistas adscritos a la Universidad Estatal de Arizona, en la cual se estableció que los precios al consumidor de los tomates podrían aumentar hasta un 40 por ciento en el periodo de mayo a diciembre, si el Departamento de Comercio de los Estados Unidos llega a un acuerdo de suspensión.

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