La tarjeta amarilla, un llamado de atención que el 30 de octubre pasado emitió la Unión Europea (UE) a Ecuador debido a supuestas falencias en el control de la presunta comercialización de productos provenientes de la pesca ilegal, generó reacciones en diferentes gremios atuneros locales.

El grupo Tunacons, que agrupa a las principales empresas atuneras del país (Nirsa, Eurofish, Grupo Jadran, Servigrup y Trimarine), rechazó la posibilidad de que productos de la pesca ilegal estén siendo comercializados a ese bloque. “Creemos que es importante decir que bajo ningún concepto se puede admitir hasta el momento que alguna empresa en Ecuador ha incurrido en prácticas de pesca ilegal”, expresaron a través de un comunicado.

En el documento agregaron que los esquemas de inspección y monitoreo pesquero en el país han sido fortalecidos en los últimos quince años de forma gradual y especializada pasando de siete o diez inspectores a más de 200 a nivel nacional, para controlar y monitorear los desembarques en los principales lugares del perfil costero ecuatoriano. Además, se invirtió en un sistema de control satelital de uso obligatorio para toda la flota industrial.

Por su parte, la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa) indicó que la observación de la UE se basó en una Ley de Pesca que data de 1974, por lo que sugirió que debe ser alineada a las normas internacionales. El gremio aseguró que las empresas del sector trabajan con sistemas de trazabilidad que certifican la legalidad de sus capturas.

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