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La Asamblea Nacional inició el debate de una nueva Ley de Pesca. Dirigentes exportadores, artesanales y productores formulan solicitudes.
La creación de un Ministerio de Pesca, así como los mecanismos y acciones para desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Estas son parte de las propuestas del sector pesquero y acuícola, para que se incluyan en el proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca que discute la Asamblea Nacional. El debate comenzó el pasado jueves.
Hasta el pleno acudieron dirigentes y representantes de los sectores pesqueros para exponer sus sugerencias y alimentar el proyecto normativo.
Esperan que sea aprobado en diciembre próximo. Para Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, la necesidad de un Ministerio de Pesca y Acuacultura es imperiosa.
“La pesca y la acuicultura representan $ 4.800 millones en exportaciones; estos dos sectores son los más importantes de la economía no petrolera y no pueden andar de Herodes a Pilatos siendo un apéndice del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Comercio Exterior”, sostiene el dirigente.
Recuerda que fue en este gobierno que se eliminó el ministerio para que el Estado ahorre recursos, pero aquello no ha ocurrido. “Queremos un ministerio con personas que cumplan un rol técnico y que asuman un compromiso de responsabilidad en función de la naturaleza de la producción”.
Otro punto es que como la nueva ley prevé un proceso sancionatorio por acciones ilegales, tiene que haber además el debido proceso. De modo que este aspecto también debe ser incluido.
Además, que la nueva ley promueva incentivos. “Con la norma de 1974 aún vigente, Ecuador llegó a ser el primer productor de camarón y de atún en el mundo, pero hay que modernizar el sector para que lleguemos a otro nivel”, continúa el dirigente.
Enfatiza en la necesidad de un ente que se dedique a la investigación. Y que debe estar claro el tema de la trazabilidad para evitar que Ecuador se convierta en un lugar de pesca ilegal. “Hay sistemas y plataformas electrónicas que se pueden usar como herramientas para encriptar los procesos en tiempo real y de forma transparente e inviolable”, puntualiza.
Por su parte, Pilar Proaño, exviceministra de Acuacultura y Pesca, sostiene que las sanciones no son el único mecanismo para desalentar la pesca ilegal. “También está la prevención y tener un sistema de monitoreo adecuado con un proceso de trazabilidad y un número de inspectores que responda a la cantidad de pesca”.
Aclara que hace poco la Unión Europea impuso la Tarjeta Amarilla a Ecuador, por no garantizar que sus productos provengan de prácticas legales de pesca. Si bien la “Tarjeta Amarilla” es un llamado de atención al país y no una restricción al ingreso de envíos pesqueros, sí puede originar una contracción del mercado.
Luiggi Benincasa, de la Asociación de Atuneros del Ecuador, se une al pedido de la creación de un Ministerio. Y que no se dé paso a la Agencia de Control y Regulación porque duplicaría funciones con el ente rector en esta materia.
Para el dirigente, junto con el nuevo Ministerio de Pesca, se deben crear cuatro subsecretarías: de control, de pesca, de acuacultura y de sanidad e inocuidad.
