Inicio
La percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, indica un informe de CAF. Entidad emite recomendaciones para frenar los sobornos.
Los proyectos de infraestructura pública y sus diferentes fases han sido históricamente un foco para los casos de corrupción en América Latina y han frenado el desarrollo económico de la región.
Esa es una de las reflexiones del informe titulado Integridad en las políticas públicas que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presenta este jueves 7 de noviembre de 2019 en Quito.
Los sectores con mayor percepción de corrupción de acuerdo al Índice de Pago de Sobornos de Transparencia Internacional son obra pública y construcción, minería, servicios públicos, generación y transmisión eléctrica, petróleo y gas.
A nivel global, en el sector de las grandes obras de construcción, se calculan pérdidas que van del 10% al 30% del valor de las inversiones. De allí se proyecta que para 2030 se podrían dilapidar cerca de $ 6.000 millones por año a causa de la corrupción y las ineficiencias en la gestión de proyectos.
Por lo que el CAF considera “imperativo reforzar los procesos de toma de decisión en esas áreas”. El estudio sugiere cuidar todo el ciclo del proyecto de contratación de obra pública, ya que las irregularidades se pueden materializar en cualquier momento.
Los casos de corrupción de Odebrecht, que marcaron la región, demuestran irregularidades en las diferentes etapas de la contratación. La empresa confesó haber pagado $ 788 millones en coimas a funcionarios y políticos de 12 países entre 2001 y 2016. De 63 proyectos de la firma brasilera investigados por la justicia o los medios, 30 presentan anomalías antes y durante la licitación de la obra.
Con igual frecuencia se observan problemas tras la asignación del contrato. Además, las renegociaciones también serían una vía importante para canalizar la corrupción, sostiene el reporte.
En el mismo caso de Odebrecht, en ocho países de la región entre 2001 y 2016, el monto de los proyectos presupuestado aumentó 71,3% a través de renegociaciones en aquellos donde hubo sobornos (o se sospecha que hubo). Mientras que el ajuste es de solo 6,5% en proyectos sin reporte de irregularidades.
En Ecuador se estima en alrededor de $ 475 millones anuales el sobreprecio pagado por el Estado en contratos con empresas conectadas políticamente (aproximadamente 0,44% del PIB), según los investigadores Felipe Brugués, Javier Brugués, y Samuele Giambra.
El CAF afirma que es necesario una real independencia en los funcionarios encargados de la formulación y selección del proyecto, la licitación y elección de proveedores, la fiscalización de la ejecución, y la evaluación de propuestas de renegociación.
El estudio sugiere en el caso de las contrataciones, el uso de documentos estandarizados para evitar la manipulación de los contratos en favor de empresas específicas. Además reforzar las capacidades de las entidades contratantes para evitar que los acuerdos se traduzcan en costosas renegociaciones.
Corrupción en América Latina y el Caribe
El Fondo Monetario Internacional calcula que anualmente se pierden entre $ 1,5 y $ 2 mil millones (aproximadamente 2% del PIB mundial) en sobornos. Sin embargo, el CAF sostiene que la corrupción es muy difícil de cuantificar porque no hay bases de datos con información completa sobre todas las prácticas clandestinas.
Indicadores elaborados por Transparencia Internacional muestran que la percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo.
El 23% de la población reporta que un funcionario público le solicitó una coima en los últimos 12 meses, según la Encuesta CAF 2018. Mientras que el 13% de los ejecutivos y propietarios de firmas de América Latina encuestados por el Banco Mundial considera que empresas similares a la suya pagan sobornos para asegurar contratos con el gobierno.
Bernado Requena, representante del CAF en Ecuador, explica que este problema compromete la productividad y disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos. Incluso puede debilitar la confianza en las instituciones formales del gobierno. Esto puede profundizar las desigualdades socioeconómicas, al perjudicar de manera desproporcionada a los más pobres.
Recomendaciones para el control en la función pública
De acuerdo al CAF, los países de América Latina poseen instituciones democráticas medianamente funcionales, en las que la demanda popular tiene peso en los gobernantes. Los obstáculos a la coordinación obedecen a distintas causas, como falta de información, preferencias que priorizan otros temas, costos de participación política, entre otros.
En este contexto, el reporte aborda cuatro ámbitos de acción para prevenir la corrupción. El primero es establecer reglas y control en la función pública. Esto se puede lograr mediante protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones.
Además se debe fortalecer las instancias de auditoría y fiscalización, por lo que otro factor importantes es mejorar las capacidades de investigación de los departamentos de justicia. El 79% de los latinoamericanos cree que los jueces castigan menos de lo necesario.
La segunda forma de combatir la corrupción es con mecanismos de entrada a la burocracia política. Aquí tienen que ver los sistemas electorales transparentes, la profesionalización del servicio civil, y aumentar el atractivo de la función pública.
Un tercer ámbito se refiere a la transparencia y monitoreo ciudadano. Para ello es clave el acceso a información de alta calidad e implementar prácticas de gobierno abierto en las que las entidades públicas difunden su información sin necesidad de que alguien la solicite.
Finalmente, los controles también deben dirigirse al sector privado con un régimen de cumplimiento estricto para las empresas. Para ello se deben regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés, y reforzar los sectores más vulnerables a sobornos, como es la construcción de infraestructura.
La publicación destaca a la tecnología como un aliado para disminuir espacios de discrecionalidad en aspectos ciudadanos como en la adjudicación de contratos. “La simplificación (de trámites) y la digitalización ayuda a cerrar desigualdades de poder entre ciudadanos y funcionarios”, señala el documento de CAF.
