El gobierno estableció los derechos de exportación inferiores, que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros.

Tras conocerse este jueves la publicación del Decreto 230/2020, que dio forma legal al arancel de 33 por ciento a la exportación de la soja, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) instó nuevamente a defender la industrialización de la oleaginosa en el país mediante el establecimiento de derechos de exportación que no castiguen la transformación y el empleo en la Argentina.

El Decreto 230/2020 publicado en el día de la fecha, eleva las alícuotas de derechos no solo para la soja sino también para la harina y el aceite de soja de modo que castiga, a través de un impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados.

El gobierno estableció los derechos de exportación inferiores, que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros, apostando a generar empleo y mayores exportaciones de productos industrializados, consignó la Entidad en un documento publicado este jueves.

En ese sentido, la Cámara propuso al gobierno nacional que se aplique “un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país”.

CIARA “Entendemos que el gobierno está enfrentando el desafío de lograr una deuda externa sostenible, pero estamos convencidos que se debe hacer con una lógica de construcción y defensa de la industria nacional. Los países competidores celebran esta medida porque podrán desplazar a la Argentina de mercados compradores, instalar fábricas de molienda en otros países, así como se profundizara las exportaciones de poroto de soja sin procesar”, consignó la CARA en el Documento.

El proceso de primarización de la soja, que implicó que su venta como poroto sin procesamiento, al exterior creciera el año pasado un 140% -según datos del INDEC atenta contra el desarrollo del empleo, la industrialización en el país y deprime los precios locales a los productores, por lo que reduce la exportación de productos con mayor valor agregado y consiguientemente el mayor ingreso de divisas. Actualmente, la industria tiene una capacidad ociosa del 43%.

Esa inequidad tributaria, instaurada hace dos años tras décadas de promover la industrialización en la Argentina, perjudica la diversificación de exportaciones a más de 60 mercados, la posibilidad de entrega anualizada de soja por parte de los productores, criterios más flexibles de calidad y precio a favor de los agricultores locales, la valoración internacional de la calidad de los productos industrializados argentinos, la fidelización de compradores en el mundo, y la preponderancia del país como primer exportador de harinas proteicas y aceites de modo confiable y permanente.

La cadena de industrialización y exportación de productos de la soja genera efectos positivos en otros eslabones industriales, en inversiones en puertos e infraestructura terrestre, ferroviaria y marítima, así como en el arraigo territorial nacional.

Desde CIARA se insta al gobierno a revisar esta medida a la luz de defender una industria nacional que busca aumentar exportaciones, diversificar mercados, expandir inversiones y proteger el empleo calificado.

CIARA considera que el desarrollo sostenible del país debe estar basado en un plan de expansión agroindustrial exportador sobre el cual queremos trabajar con el gobierno nacional desde ahora.

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