Que la base de cálculo para la contribución humanitaria de las personas naturales sea para quienes ganen por encima de los $1000 mensuales y no $500 como lo planteó el Gobierno es uno de los cambios que la Asamblea Nacional plantearía a los representantes del Ejecutivo.

Esa es una de las ideas que aspira a introducir en su informe para primer debate la comisión de Desarrollo Económico que analiza la propuesta del Gobierno, afirmó el vicepresidente del organismo, Homero Castanier (CREO).

Precisó que hay un buen ambiente en la comisión y en los técnicos del Ministerio de Economía para elaborar una propuesta para subir la base del aporte solidario que tendrán que realizar los trabajadores públicos y privados.

Hay criterios que la tabla debe ser superior a los $750, otros a $1000 y también que se fije a partir de los $1500; pero la idea es que se tendrá que mover el planteamiento del Ejecutivo hacia arriba, indicó Castanier. Al momento se cruzan números para establecer el impacto económico que tendrá el nuevo planteamiento que podría salir desde la Asamblea Nacional.

Es importante, añadió, tener que aclarar en el proyecto de dónde nomás se nutrirá la cuenta especial para la emergencia, el uso y el destino; pues en el proyecto no consta el aporte correspondiente a lo que recauden las empresas de sus trabajadores.

Los legisladores esperan normar que el dinero que se recaude se quede en el país, para ello se establecerá un mecanismo para la contratación de empresas profesionales de bienes y servicios de origen local.

Aunque faltan comparecencias puntuales, la comisión legislativa avanzará en el análisis de cada artículo, para dejar listo el informe hasta el martes.

Ayer, la comisión recibió a por lo menos 20 personas e inclusive al ministro de Energía, René Ortiz, sobre situación del mercado petrolero y las proyecciones de ingresos.

El delegado del presidente de la República a la Junta de Regulación Monetaria, Marcos López, pidió a los legisladores que en las medidas que se incluyan en la Ley de Apoyo Humanitario no se afecte a la reserva interna, y se proteja la dolarización, pues reveló que a marzo de 2019 la reserva era de $1443 millones en divisas $806 millones en oro.

También acudió el representante de la Federación de Cámaras de Agricultura, Rafael Guerrero, quien solicitó a la Asamblea que en la ley urgente se incluya cero impuestos para el agro y se evite que el agricultor vaya a la central de riesgos, por la emergencia sanitaria y falta de pagos a sus créditos.

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, reveló que este sector registró pérdidas por $161 millones, y que necesita que la legislatura haga constar incentivos, inyección de liquidez y cero aranceles en los bienes de capital.

El intendente de Compañías, Esteban Ortiz Mena, advirtió en la comisión que la propuesta del Ejecutivo es confusa, carece de estructura, tiene una adaptación muy mala de otras normativas.

Mientras que el representante de los afectados de créditos educativos planteó que en el proyecto de ley ellos sean considerados como grupos vulnerables.

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