Foto: Archivo / El Telégrafo

Desde pasar por estaciones de desinfección hasta mantener una distancia de 1,5 metros entre cada empleado son las medidas que constan en el protocolo aprobado por Gestión de Riesgos.

La semana pasada el 25% (25 obreros) de la nómina de trabajadores del proyecto Sirah II, en Pomasqui, regresó a sus labores constructivas, después de más de un mes de medidas restrictivas por la emergencia sanitaria.

Los primeros días se preparó el sitio de trabajo. Levantaron las estaciones de sanitización, desinfección y triaje, ampliaron comedores y vestidores y adecuaron un espacio para capacitación. Estas son algunas de las medidas que constan en los protocolos de bioseguridad aprobados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) para el sector de la construcción.

Joan Proaño, gerente de la inmobiliaria Proaño Proaño, está a cargo de este proyecto de vivienda. Destaca que la primera labor de sus trabajadores fue capacitarse.

“No solo se trata de que concienticen de lo que es esta enfermedad y de los cuidados que deben tener, sino que también la puedan transmitir a sus familiares”, explica Proaño, también vocero de Constructores Positivos.

Al entrar, los obreros deben pasar por un proceso de triaje. Les toman la temperatura y les hacen unas preguntas para verificar que están habilitados para ingresar. También pasan por una estación de desinfección y de sanitización.

Al momento de salir de la obra deben cumplir este mismo proceso. La empresa les da el transporte. El protocolo también establece que una vez que los obreros pasan por las medidas de desinfección deben entrar a unos vestidores para que dejen sus pertenencias en casilleros. Deben mantener en todo momento el distanciamiento de 1,5 metros.

Deben aplicar medidas generales de higiene como lavar sus manos continuamente, evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos y no saludar con mano, beso o abrazo. Siempre deben usar mascarilla y gafas y mantener su cabello recogido.

Al salir, cada trabajador debe desinfectar sus equipos de protección personal, guardarlos en los lockers, retirarse el uniforme para llevarlo en una funda y usar ropa limpia de regreso a casa. Las zonas de trabajo deben ser desinfectadas de forma programada con énfasis en las superficies metálicas y plásticas.

Antes de implementar todas estas medidas, se deben identificar a los grupos vulnerables para que teletrabajen o continúen suspendidas sus actividades. Para Proaño más que un regreso a actividades por productividad, lo que se trata es de una validación de los protocolos de seguridad.

Para que una vez que estén probados y se esté laborando de buena manera con ellos, el resto de trabajadores de la construcción puedan volver. En su caso, ha invertido cerca de $ 15.000 para poner en marcha el plan piloto, entre compra de instalaciones, insumos de bioseguridad, equipos de protección y transporte para el personal.

“Cuidar la salud de nuestros trabajadores es lo más importante”, asegura Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ocampo explica que el sector empezó los planes piloto con alrededor del 20% del total de los colaboradores que necesita la obra.

El ingreso será escalonado y de forma secuencial. Para asegurar aún más a los empleados, las empresas constructoras tienen dos opciones, según Ocampo. Una es darles transporte privado por grupos pequeños. O implementar campamentos con jornadas de 22 días adentro y 8 libres, como se lo hace en las petroleras en el Oriente.

El representante del gremio dijo que las empresas no deben limitarse solo al documento, si es necesario deben implementar más medidas. “El protocolo está aprobado, pero no está escrito en piedra. Todo es perfectible debido a que nadie tiene la experticia en esto”, asegura.

Proaño recuerda que esta industria representa el 20% del PIB. Genera 486.000 empleos directos. Además, es el sector que más encadenamiento productivo tiene. De ahí la importancia de que este sea uno de los primeros sectores en aplicar un plan piloto.

Asamblea defiende autonomía de los GAD
Entre las acciones para enfrentar la crisis sanitaria planificadas para esta semana, algunos sectores empezarán a implementar planes piloto para su reactivación y a la par se espera que avance el análisis de los proyectos económicos urgentes por parte de la Asamblea Nacional.

El domingo 3 de mayo de 2020 finalizó el primer debate del pleno de las propuestas reformatorias a la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. La discusión giró en si es o no urgente hablar sobre esta Ley.

Algunos legisladores, como Patricio Donoso (CREO), defendieron la aprobación de esta ley para mejorar la imagen del país en el mundo sobre cómo maneja los recursos porque se requiere de dinero de afuera para salir de la crisis. Otros asambleístas rechazaron el proyecto porque va en contra de la constitución.

Esteban Melo (RC) dijo que esta normativa no responde a las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Los legisladores coincidieron en que defenderán la autonomía de la seguridad social y de los Gobierno Autónomos Descentralizados. Por lo que solicitaron que se elimine o se reescriba el artículo 2 que habla sobre la clasificación del sector público e incluye a estas entidades como organismos no financieros para que formen parte del Presupuesto General del Estado.

Los asambleístas consideraron que la ley busca concentrar muchos poderes al Ministerio de Finanzas, como que tenga injerencia en la contratación pública. Por lo que advirtieron que se deben corregir varias de las propuestas del Ejecutivo.

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