El programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla que la relación deuda-PIB del país baje al 57% en el 2025; además se espera que el déficit fiscal de este año sea de $ 8.300 millones. Así lo explicó el Ministerio de Finanzas al dar datos sobre las cifras que comprenden el plan económico para el país y que se debe cumplir para recibir los recursos del multilateral.

Es que el miércoles pasado, el directorio del FMI aprobó por unanimidad el acuerdo financiero que incluye la entrega de recursos por $ 6.500 millones, de los cuales $ 4.000 millones llegarán este año; $ 1.500 millones en el 2021 y $ 1.000 millones en el 2022. Adicionalmente, según la comunicación emitida por el FMI, el primer desembolso, que asciende a unos $ 2.000 millones, se lo hará de manera inmediata. Esto podría ocurrir hoy, según lo anunció el presidente Lenín Moreno.

El financiamiento tiene un plazo de 10 años (cuatro de gracia) y una tasa de interés del 2,9%, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con el ministro Richard Martínez, estos recursos constituyen un escudo para proteger a la dolarización. “En el transcurso de este año llegarán $ 4.000 millones, que permitirán blindar la dolarización y asegurarnos que este Gobierno dejará a los ecuatorianos un sistema monetario sólido”.

Y destacó el avance de importantes reformas estructurales que el país requiere. “Este financiamiento es muy importante para un país que tendrá un déficit de $ 8.300 millones. Tenemos un plan económico completo para ir bajando la relación deuda-PIB por debajo del 57 % en el 2025”, dijo.

Al 31 de agosto de 2020, la deuda del país asciende a $ 59.260 millones que representan el 61,4% del PIB. En este sentido deberá ser reducida en 4,4 puntos. Sin embargo, dicha reducción, podría tener que ser un poco más amplia, si se toma en cuenta que a finales de año esa relación deuda-PIB subirá, tanto por el incremento del volumen de deuda, como por la caída importante del PIB que se espera para 2020, y que automáticamente incrementaría el indicador.

El propio FMI ha calculado que la economía ecuatoriana se reducirá en 11%, mientras que el pasado miércoles el Banco Central del Ecuador (BCE) dio a conocer que el segundo trimestre del 2020 tuvo una caída del PIB de 12,4%, comparando al desempeño registrado en el segundo trimestre de 2019. Se trata de uno de los peores indicadores en 50 años, y está relacionado con los problemas económicos generados por la pandemia.

Agencia Francesa de Desarrollo habla de suspender créditos al Ecuador

Entre tanto, ayer se conoció que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), uno de los multilaterales que ha apoyado el acuerdo financiero del FMI con Ecuador, decidió suspender los créditos hacia el país que involucren proyectos soberanos, debido a incumplimientos por parte del país en el uso de los dineros.

Esto con respecto al convenio de crédito celebrado el 22 de noviembre de 2019 en torno al proyecto Casa para Todos. En una carta dirigida a Richard Martínez, el 29 de septiembre pasado, la AFD le indica que sin ninguna información por parte del MEF o del Miduvi se constataron tres movimiento financieros entre la cuenta del proyecto hacia la cuenta del tesoro.

El primero ocurrió el 14 de agosto, y el segundo el 28, totalizando $ 30 millones en favor del Tesoro y un tercer movimiento devolviendo $ 8,5 millones a la cuenta del proyecto. Para la AFD existe un saldo para devolver el proyecto. Pero además no sería la primera vez que ocurre algo así: también pasó en julio.

La AFD indicó que comprende los problemas de liquidez del país, pero ha tomado esta decisión al menos hasta que se respeten los compromisos de mantener los dineros en las cuentas correspondientes.

Sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que esa Cartera de Estado y la AFD mantienen su relación en los mejores términos. Aseguró que «no existió, ni existe riesgo alguno de que se acabe la cooperación entre el Gobierno de Francia y el Ecuador». También aseguró que el MEF está habilitado por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a gestionar de manera integral de la liquidez del sector público de manera que puedan ser atendidas las necesidades derivadas del PGE aprobado de conformidad con la constitución y la ley. Agregó que ninguna de las actividades del MEF realizadas en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas pone en riesgo la ejecución del programa Casa para Todos.

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