Trabajadores arroceros en el cantón Daule, en Guayas. El agro es la actividad que más usó el contrato por emergencia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En Ecuador se registran 81 309 contratos de emergencia, que es la principal apuesta del Gobierno para generar empleo. Pero la cifra aún se queda corta si se miran los datos de vinculación laboral del Ministerio de Trabajo.

Estos representan un 18,8% del total de los nuevos contratos, creados desde marzo pasado (409 481), aunque las actas de finiquito sumaron 798 996. Otras incorporaciones se hicieron a través de contratos por giro de negocio, productivos, para jóvenes, etc.

Un contrato de emergencia de trabajo puede durar un año o menos, y puede extenderse un año más, por una sola vez. El costo por desvinculación se reduce porque no hay liquidación, solo se paga el desahucio y proporcionales de beneficios como décimos, fondos de reserva o vacaciones.

Del total de empleados bajo esta modalidad, el 65% se concentra en tres actividades: agricultura y ganadería, manufactura y comercio. Pichincha y Guayas son las que más acuerdos registran bajo esta modalidad: 59 564 personas. Los maiceros, por ejemplo, han podido vincular más personas en periodos cortos.

Contratos de emergencia por tipo de actividad económica
En número de trabajadores contratados bajo la modalidad

Alfredo Orlando, gerente de Indagro, señaló que desde agosto del 2020 empleó a unos 300 técnicos, para los periodos de cosecha y venta de los granos de maíz en Guayas y Manabí. Anteriormente, la empresa contaba con los servicios de los técnicos por periodos cortos, de hasta dos meses.
“Nos beneficia porque al ser el maíz un cultivo de ciclo corto podemos contratar a gente solo para actividades específicas e incluso por horas”, dijo. En el caso de los arroceros, según indicó Juan Pablo Zúñiga, de la Corporación de Industriales, se analiza aplicar esta figura para los segmentos de recepción y pilado del grano.
“En el sector agrícola es necesaria la mano de obra con condiciones flexibles para crear nuevas líneas de productos”. Para Andrés Robalino, presidente de los Industriales de Cuenca, el contrato de emergencia ayudó a las industrias pero no logró el efecto esperado. Por ejemplo, en Azuay se perdieron cerca de 40 000 empleos durante la pandemia y con este contrato se recuperaron 3 851 plazas laborales, lo que representa casi el 10%.
La modalidad de contrato es parte de la Ley Humanitaria, que está en vigencia desde el 22 de junio del 2020. Silvia trabajó para una constructora bajo ese mecanismo. Ella aceptó porque necesitaba el empleo. Pero el 28 de marzo, cuando llevaba cuatro meses en el cargo, la firma le informó que, por la situación económica generada por la pandemia, se iba a recortar la nómina y ella estaba en la lista, contó la mujer, quien prefirió mantener en reserva su apellido.
«No me parece muy justo ese tipo de contrato, no hay estabilidad. Tuve que firmar un documento que señalaba que no se trataba de un despido sino de la terminación por mutuo acuerdo», contó.
Silvia ha buscado sin éxito un nuevo contrato. Lleva un mes de atraso en el pago de la pensión de sus dos hijos y no sabe cómo pagará el arriendo este mes. Para Vanessa Velásquez, abogada laboral, el número de vinculaciones de emergencia refleja el buen uso que el empleador ha dado al instrumento.
“El empleador ve atractiva la posibilidad de terminar un contrato de trabajo en un tiempo determinado, de seis meses o hasta de dos años, sin que eso represente el pago de despido intempestivo”, señaló.
Otra característica de esta modalidad es la jornada flexible, ya que puede ser de mínimo 20 horas semanales y máximo 40, de lunes a sábado. Si finalizado el plazo se continúa con la relación laboral, el acuerdo se considera como indefinido y conserva las mismas condiciones de horarios y salarios con el que se inició.
Para Gabriel Recalde, director del Centro de la Política Laboral, la reforma que hizo la Ley Humanitaria es contradictoria al Código del Trabajo. La incorporación de un empleado por emergencia es una forma de contrato a plazo fijo, figura que había antes del 2015 y que se cambió con la Ley de Justicia Laboral.
El Código de Trabajo contempla un con­trato indefinido. El experto cree que fue un ajuste parche. “Lo que el Ecuador necesita es una verdadera reforma laboral que tenga integrado todo en un solo cuerpo normativo para que no haya contradicciones, agregó.

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