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El proyecto de Ley pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de treinta días
La Asamblea Nacional aprobó, este 4 de mayo, el proyecto de Ley que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico.
Este proyecto de Ley plantea una coordinación de las diferentes entidades estatales que tienen competencia con asuntos relacionados al combate al contrabando, y las reúne en un Comité Interinstitucional que será el encargado de establecer una política pública, unificada y clara respecto al contrabando.
Este comité estará integrado por 18 representantes, distribuidos en tres entes: rectoría; auxiliares de apoyo; y, auxiliares de asesoría e implementación. Pero también se implementarán mesas técnicas donde se involucrará también el sector privado.
En el ente de rectoría gestión y coordinación técnica está el representante del Servicio Nacional de Aduanas, quien presidirá el organismo y un secretario técnico; en el ente auxiliar de apoyo y ejecución estará la Fiscalía General del Estado; la Unidad de Análisis Financiero y Económico; el ente rector en materia de derechos intelectuales, de seguridad ciudadana y de las Fuerzas Armadas.
Como entes auxiliares de asesoría e implementación, estarán los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Producción, comercio exterior, inversiones y pesca; Energía y Recursos Naturales no Renovables; Agricultura; Salud Pública; Telecomunicaciones; el representante del Servicio de Rentas Internas; el ente de regulación, control y vigilancia sanitaria; de regulación y control fito y zoosanitario; de control hidrocarburífero; y de control de las telecomunicaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, comentó que es oportuna la aprobación de esta normativa porque los últimos reportes realizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), las incautaciones en el 2020 superan los $ 60 millones y esto da cuenta de cómo la situación del país y la propia dolarización están en permanente riesgo porque los dólares con los que está entrando el contrabando se están yendo fuera del Ecuador y no están pagando impuestos.
La Ley, anotó, va más allá de la prevención y el combate al contrabando, pues también combatirá el comercio ilícito, productos adulterados y protege la propiedad intelectual.
Serrano comentó que el proyecto de Ley aprobado contribuye al tema de recaudación; en materia penal tutelan la integridad del sistema de ingresos aduaneros, a través del incremento de la severidad de las sanciones no privativas de la libertad. Se establece un sistema progresivo de multas, que será aplicado con base en el análisis de los daños generados al Estado.
Se aplican sanciones a la persona jurídica en el delito de defraudación aduanera como mecanismo efectivo de disuasión. El legislador añadió que la Ley no solo ataca al contrabando cuando el producto se encuentra en la frontera, sino también cuando el producto se está expendiendo de manera ilícita en la calle, almacén o mercado; donde se refuerza la capacidad de control de los intendentes, policía, los fiscales y jueces.
Ejes de la reforma
José Serrano, ponente del proyecto y encargado de procesar los cambios a este proyecto de Ley, que pasará a conocimiento del Ejecutivo, destacó cinco ejes:
Fortalecimiento institucional, para ello se integra el Comité Interinstitucional para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, que asumirá la construcción y emisión de la política del Estado para luchar contra el comercio ilícito, que estará integrado por instituciones del sector público y privado. Este organismo contará con comisiones técnicas para la ejecución de operativos y acciones concretas que deban efectuarse, para contrarrestarse el comercio ilícito, en función de su competencia y el grado de especialización.
Propiedad intelectual, la Ley establece políticas para proteger la propiedad intelectual, derechos de autor y derechos de obtentor.
Penas de los delitos asociados al comercio ilícito, se adecuan penas asociadas al comercio ilícito, contrabando, defraudación aduanera, la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos.
Sistemas de trazabilidad y bases de datos, permitirá ejercer un control de productos sensibles y monitoreo de los operadores económicos; con ello, se fomenta un mayor control sobre la mercancía que ingresa al país desde el país de origen, tránsito y la venta en el país.
Fomento de la producción nacional, la Ley permitirá la promoción de los productos de origen local en los centros de intermediación comercial.
El legislador Héctor Muñoz (IND), proponente del proyecto de Ley, resaltó la participación del sector privado y la academia como apoyos en las mesas técnicas del Comité Interinstitucional, que estará conformado por todas las entidades que tienen competencia en la lucha contra el contrabando.
Precisó que esta ley va más allá del Gobierno frente al contrabando, pues es tener una respuesta del Estado a un problema complicado como es el contrabando.
Muñoz destacó que en la ley por primera vez se incorporan modelos de trazabilidad, lo cual permite llevar un control de la mercancía que ingresa al país; con ello, se tendrán datos del país de origen de la mercadería; el país de tránsito; lugar del despacho; lugar de llegada; y, la información de todos los que participan en ese proceso.
Con las reformas se devuelve la competencia a la autoridad de aduanas para que sea quien, en los puertos y aeropuertos, pueda alertar si hay mercaderías que vayan a atentar contra terceros.
Se incorpora una reforma al COIP, para que los delitos que atenten contra la propiedad intelectual a los derechos de autor sobre la comercialización, falsificación y distribución tengan una pena privativa de la libertad de seis a dos años, comiso y multa de ocho hasta 300 salarios básicos unificados, para la persona que viole los derechos de propiedad intelectual.
Una de las cosas que aún debe ser regulada es sobre el destino de la mercadería incautada por contrabando, pues hay criterios de que debería ser destruida y otros de que debería ser subastada e insertada en el mercado; esto último fue cuestionado, añadió Muñoz, porque se trataría de mercadería ilegal o falsificada y se estaría haciendo daño a los formales. Esta es una decisión que tendrá que tomar el Comité Interinstitucional, puntualizó.
Fuente: El Universo
