Gremio que agrupa a terminales portuarias privadas tiene reparos a transitoria de Ley de Creación de Oportunidades. Foto tomada de Ministerio de Producción.

Una disposición transitoria que se incluye en la Ley de Creación de Oportunidades presentada por el Ejecutivo ha encendido las alarmas en las terminales portuarias privadas que operan en Guayaquil.

La transitoria determina que los permisos otorgados a la iniciativa privada para la prestación de servicios públicos portuarios a terceros, esto es, que no sean para aprovechamiento del mismo propietario del predio, quedarán sometidos a nuevas condiciones.

Y una de esas condiciones es que a partir de la expedición de la ley, los permisos tendrán un plazo no renovable de hasta cinco años. Además, se establece que las terminales no podrán ser ampliadas para que puedan explotar mayor infraestructura construida, salvo por temas obligatorios de seguridad.

La propuesta enviada por el presidente Guillermo Lasso establece que esas terminales pagarán por concepto de contribución para el financiamiento administrativo de la Subsecretaria de Puertos un valor equivalente al 2 % de la facturación total.

A más de ese valor deberán cancelar una contraprestación al Estado por la explotación de los servicios públicos portuarios, un valor anual equivalente al 9,5 % de la facturación total. Es decir, se cambian las condiciones de pago de esas infraestructuras.

Este asunto ha desatado polémica en los últimos años, especialmente, por reparos efectuados por Contecon, concesionario del puerto estatal, que ha pedido que las terminales privadas compitan en similares condiciones con respecto a las contribuciones que cancelan al fisco.

La Asociación de Terminales Portuarios de Guayaquil (Asotep), que reúnen a los puertos privados más grandes de la ciudad, considera que la transitoria “condena a los puertos privados a su desaparición”.

Para esta asociación, con esa transitoria se dispone el cierre de puertos privados en cinco años, se niega la posibilidad de inversión en el sector y encarece durante ese plazo su actividad, equiparándolos con concesionarios que se benefician de las infraestructuras y activos públicos.

“La disposición es contradictoria e incongruente con los objetivos del Gobierno nacional”, refiere el gremio, que aglutina al Terminal Portuario Guayaquil, Banapuerto, Fertisa y otros, que manejan más del 50 % de la carga de importación.

La Asotep señala que durante los últimos años las terminales han invertido unos $ 400 millones en desarrollar, con recursos propios, sus infraestructuras.

Voceros de esas terminales sostienen que el espíritu de esa transitoria atenta contra la garantía y respeto del marco legal y reglamentario con el que inversionistas nacionales y extranjeros han invertido en los puertos sustentados en un modelo de gestión portuaria previsto y reglamentado en la Ley General de Puertos.

“Esta disposición desconoce para el gremio de puertos privados la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la generación de empleos”, señala Asotep.

Las terminales piden al Gobierno nacional una revisión de este tema y que la Asamblea Nacional no dé paso a esta disposición que, según el gremio, elimine la competencia y competitividad portuaria.

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