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Una “batalla democrática”. Fue la respuesta del presidente Guillermo Lasso a la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de devolverle el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. El Gobierno planea insistir en el proyecto.
“Vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo”, dijo Lasso en Otavalo, Imbabura.
¿Cuál es el alcance que tienen estas expresiones del Mandatario? Un escueto comunicado de la Secretaría de Comunicación precisó que “el Gobierno Nacional evaluará la decisión de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades y tomará las mejores alternativas”, sin más detalles.
“Nosotros lamentamos que esto quite una oportunidad para un debate abierto en la Asamblea (…). Sin embargo, el Gobierno es respetuoso en los temas y tendrá que esperar en los próximos días el envío formal del CAL de la comunicación para entender los argumentos y en función de eso tomar una decisión de Gobierno”, dijo a la prensa el ministro de Finanzas, Simón Cueva.
En un plazo de cinco días, la Asamblea indicó que notificará al presidente Lasso para que proceda “a la subsanación de las observaciones identificadas, a fin de que sea presentado nuevamente”. El Primer Mandatario no tiene un tiempo específico para volver a ingresar el proyecto de Ley.
Los jefes de bloque de Pachakutik, la ID, el PSC y el correísmo, que controlan la mayoría absoluta en el Pleno, respondieron a Lasso.
En un comunicado señalaron que sería “inoficioso” que el Ejecutivo insista “en el envío de otra propuesta con más impuestos y que sea regresiva en derechos laborales”.
El constitucionalista André Benavides precisó que la resolución del CAL, en la práctica, suspende los 30 días de plazo que tiene la Asamblea para pronunciarse cuando se trata de un proyecto urgente en materia económica.
A su vez, aclaró que esto no da luz verde al Gobierno para convocar a consulta popular, pues para que un proyecto de ley sea sometido a plebiscito se requiere de una negativa del Pleno, acorde con el Código Orgánico de la Democracia.
La resolución de no calificar este proyecto se tomó con cinco votos a favor de entre sus siete integrantes bajo el argumento de supuestos vicios de inconstitucionalidad, entre ellos no abarcar una sola materia de acuerdo con el art. 136.
El hecho de que la presidenta, Guadalupe Llori; el primer vocal del CAL, Darwin Pereira, ambos de Pachakutik, con Johana Moreira (ID), decidieran devolver el proyecto al Ejecutivo ratificó la ruptura de la mayoría coyuntural que se gestó entre estas bancadas y el oficialismo para la elección de las autoridades el 14 de mayo.
Una hora antes de la sesión del CAL, la ID evidenció sus reparos al proyecto, a pesar de que en principio sus legisladores consideraron que en la Asamblea no debe haber bloqueos para el debate.
Solo el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, y Nathalie Arias, vocal del CAL, votaron en contra de la resolución. Ambos son parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo y asambleístas independientes.
Arias y el coordinador del BAN, Juan Fernando Flores, calificaron de “equivocada” a la resolución que se basó en un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, encabezada por funcionarios designados por Llori.
“El CAL tomó una decisión equivocada, a nuestro criterio, porque, en realidad, había abundante evidencia con respecto a la unidad de materia, que no es una cosa distinta a que varios temas converjan a un mismo propósito, es decir, en este caso en particular a la creación de oportunidades”, señaló la asambleísta Arias.
Moreira defendió la decisión. “Le estamos diciendo que lo subsane, no que no lo queremos debatir o que no queremos responder a la demanda ciudadana”, manifestó.
