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Ecuador busca que el sector privado pueda participar en diferentes áreas de inversión en proyectos en hidrocarburos, minería, energías renovables e infraestructuras, entre otros.
El secretario técnico de Alianzas Público-Privadas, Roberto Salas, aseguró este martes que el Gobierno ecuatoriano pretende dar un impulso a este tipo de emprendimientos para fomentar la inversión nacional y extranjera en el país.
En un desayuno de trabajo con la Cámara Oficial de Comercio de España en Quito (Campesa), Salas destacó que «la inversión es un medio para que las economías crezcan, para la generación del empleo y fundamentalmente para la prosperidad de los países y de sus ciudadanos».
Por lo que el Ejecutivo de Guillermo Lasso lo considera una de las vías para sacar adelante su portafolio de inversiones, que incluye proyectos por unos 30.000 millones de dólares hasta 2025.
Ecuador busca que el sector privado pueda participar en diferentes áreas de inversión en proyectos en hidrocarburos, minería, energías renovables e infraestructuras, entre otros.
Para ello ha creado recientemente la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, dirigida por Salas, que tendrá el objetivo de atraer, facilitar y mantener la inversión privada a través de alianzas con el Estado.
Adscrita a la Presidencia, la Secretaría Técnica tendrá entre otros objetivos coordinar las acciones interministeriales para atraer y preservar las inversiones privadas, y facilitar y acompañar al sector privado en ese acceso, a veces complicado del sector público.
Salas destacó que detrás de la decisión está «un nuevo estándar de colaboración» con el que se busca «generar una cultura de estructuración de proyectos, con un buen control de riesgos, que tenga en cuenta su sostenibilidad social y ambiental».
El Gobierno de Ecuador ha comenzado a cambiar la legislación para alentar la inversión con la recién aprobada Ley de Desarrollo Económico, que ya incluye algunas ventajas tributarias, y en 2022 tiene la intención de aprobar una reforma laboral y otra enfocada en la inversión, con nuevos parámetros que apuntalen la seguridad jurídica.
«La nueva regulación busca modernizar la asociación público-privada y cambiar el tipo de incentivos. Que no solo tenga un enfoque fiscalista, también de seguridad jurídica, y bajo los principios de la eficiencia, calidad, integridad, sostenibilidad y transparencia», aseguró el alto funcionario.
«(Se trata de) una propuesta de proyectos claros que puedan guiar y acompañar al sector privado»
Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público-Privadas
En el evento participaron algo más de 65 empresarios afiliados de la Cámara, cuya presidenta, Carmen Sánchez-Laulhé, destacó el importante rol que debe tener esta institución a la hora de generar acercamientos entre las empresas y las administraciones públicas, para convertirse en un aliado y un actor relevante en el desarrollo empresarial, económico y social del país.
