La Asamblea Nacional, este 13 de marzo, tramitó en primer debate el proyecto de ley urgente de inversiones. Cortesía Foto: Fernando Sandoval

El proyecto de ley urgente regresará a la comisión de Desarrollo Económico para elaborar el informe para segundo debate.

A segundo debate pasó el proyecto económico urgente para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, cuando restan once días para que venza el plazo para que la Asamblea Nacional apruebe o niegue la iniciativa del Ejecutivo.

La legislatura se reunió este domingo 13 de marzo para dar trámite de este texto que recibió varias críticas y también respaldos a la propuesta. Mientras las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik advirtieron que se trata de un proyecto privatizador, el gobierno representado en la Bancada Acuerdo Nacional destacó la importancia de la aprobación de este proyecto; también Partido Social Cristiano (PSC), anunció el apoyo al proyecto, mientras que en el bloque de la Izquierda Democrática (ID), se mostró dividida los discursos.

El proyecto busca asegurar un marco regulatorio que acelere la inversión pública con participación privada, fomentar el desarrollo de inversiones creadoras de empleo en múltiples sectores de la economía, además de aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable.

Para promover la inversión, según el planteamiento del Ejecutivo, se simplificará los trámite, procesos y trabas regulatorias, también se fomentará la adopción de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de trámites administrativos.

Se propone un replanteo del esquema de las asociaciones público-privadas, mediante el esquema de la delegación y se distribuye el riesgo entre el Estado y el prestador de servicios.

Como destino de las inversiones se establecen las zonas francas, en áreas manufactureras, tecnologías o logísticas.

Daniel Noboa (EU), presidente de la comisión de Desarrollo Económico, destacó esta ley busca atraer inversiones en múltiples sectores, que no se busca la privatización, sino fomentar más proyectos de inversión fomentando la prestación de servicios públicos de calidad.

La intención de la mesa legislativa no es impulsar la privatización, afirmó Noboa, quien insistió que la idea central es generar empleo y dar la oportunidad a la empresa privada para que junto al Estado generen mejores servicios para la ciudadanía. Que esta fue la crítica fundamental de las bancadas Unión por la Esperanza y de Pachakutik. Salud, seguridad y educación jamás pueden ser privatizadas, reiteró.

Respecto al establecimiento de las zonas francas, Noboa, dijo que habrá diez años de exoneración del impuesto a la renta y que a partir del año 11 operará con una reducción de hasta 10% del impuesto a la renta hasta el año 20, la tarifa cero del IVA en la adquisición de bienes y servicios.

Dijo que esta ley no tiene que ser gobiernista o de la revolución ciudadana, sino de los ecuatorianos para los ecuatorianos; esta ley tiene que ser de los 137 asambleístas, y que es responsabilidad de los legisladores en mejorarla.

La vicepresidenta de la comisión de Desarrollo, Wilma Andrade (ID), destacó que la delegación para la participación del sector privado en temas públicos es constitucional, pero que para evitar un uso desmedido de esa delegación, la mesa legislativa, incluyó una disposición expresa donde se aclara que no se podrá a través de delegación transferir los bienes, patrimonio o los activos del Estado.

Y como se puede delegar la administración y la gestión en temas de salud, educación y seguridad, según Andrade, la Comisión de Desarrollo incluyó un candado donde se contempla la prohibición de cobros de contribuciones, tasas o tarifas para los servicios, considerando que la Constitución garantiza la gratuidad.

La delegada de la ID, ante la mesa que estudia el proyecto urgente, afirmó que esta ley no es solo para el Gobierno central, sino también para los Gobierno Autónomos Descentralizados (Gads), que cuando no tengan recursos puedan delegar al sector privado y de esa forma llevar adelante la infraestructura en beneficio de la ciudad.

Insistió que esta ley no es privatizadora, y que para evitar esa mala interpretación se ha puesto candados y prohibiciones.

Pero su coideario, Ramiro Narváez (ID), manifestó que el proyecto de ley que reforma 18 cuerpos normativos no tiene nada que ver con las inversiones, lo único que deja claro es que es un paso más para afianzar un modelo neoliberal en el país. Que es la tercera ley que llega a la Asamblea con esas características.

Dijo que nuevamente, en esta ley, se pretende eliminar el 1% que las operadoras telefónicas tienen que pagar sobre sus ingresos para invertir en innovación y tecnologías. Qué tiene que ver esto con el fomento de las inversiones, preguntó.

Nathalie Arias (BAN), anunció que el proyecto del Ejecutivo espera atraer inversiones por $30.000 millones a través de la puesta en marcha de las alianzas público y privadas, el establecimiento de las zonas francas y el fortalecimiento del mercado de valores. Otro criterio que también debe analizarse es la incorporación del Ecuador a la alianza del Pacífico, es decir, la posibilidad de que los productos ecuatorianos tengan una infinidad de destinos.

Respecto a las alianzas público privadas, señaló se eliminan algunos requisitos para simplificar los procesos. En torno a la delegación dijo que en la ley se reforzó el concepto para que no se dude que hay un ánimo privatizador y tampoco de cobro de los servicios como salud y educación. También en la ley se perfeccionó el texto para que los Gads, puedan delegar.

Esteban Torres, coordinador del PSC, dijo que el Estado debe garantizar seguridad jurídica y física para atraer la inversión, así como transparencia y reducción del gasto público.

Lamentó que este proyecto de inversiones llega tras una ley que aplicó impuestos que no envía mensajes atractivos cuando se incluye un impuesto al patrimonio, lo cual es una contradicción que debería corregirse.

Mario Ruiz Jácome y Mireya Pazmiño, legisladores del ala rebelde de Pachakutik cuestionaron la propuesta del Ejecutivo, pues a su criterio trae consigo las llamadas delegaciones que en otras palabras es privatización de los sectores públicos.

Ruiz dijo que el proyecto que modifica 18 leyes contraviene lo que señala el 136 de la Constitución y que el gobierno lo único que impulsa es la privatización y no fortalece al turismo como alternativas para generar recursos.

Desde la bancada UNES, Sofía Espín, advirtió que a través de la figura de la delegación, mediante alianzas público privadas, establecida como regla y no como excepción, pretenden delegar la operación y el mantenimiento de todos los servicios públicos que brinda el Estado y entregarlos a manos privadas como cárceles, hospitales, servicios de salud, entre otros.

Quieren delegarlo, en palabras bonitas, pero finalmente es privatizarlo, arrendarlo y venderlo todo, esa es la pretensión, afirmó Espín, lo cual es abiertamente inconstitucional. Alertó que con esta ley se viene una ola de despidos en el sector público, bajo la figura de delegación.

El proyecto de ley regresará a la comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate. El plazo para aprobar el proyecto urgente vence el próximo 24 de marzo.

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