El agro continúa envejeciendo y precarizándose

Mientras en las áreas urbanas se registra un aumento mínimo en el empleo adecuado; en el campo solo el 14% de las personas con trabajo ganan al menos $425 y tienen algún tipo de beneficios de Ley. 

Más allá de la manipulación política y los intereses oscuros que pudieron ser parte de los motores del paro violento de junio de 2022, una de las realidades que hizo posible la participación de un gran número de indígenas y campesinos es el constante deterioro en el mercado laboral de la ruralidad.

Este deterioro se ve confirmado con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Con corte a julio de 2022, el número de personas con empleo adecuado, es decir con al menos un ingreso mensual de $425, bajó de 512.466 a 420.487. Así, si se compara con julio de 2021, el porcentaje de empleo adecuado cayó del 18,4% al 14,5%, o, en otras palabras, apenas 14 de cada 100 trabajadores rurales tiene condiciones mínimas en ingresos como ingresos.

De esos 420,487 con empleo adecuado, Jimena Mejía, investigadora en desarrollo agrícola, comentó que menos de un 40% tienen todos los beneficios de Ley como afiliación a la seguridad social, contrato, vacaciones, décimos, entre otros. » Esta es una de las principales fuentes de desigualdad y que impide el mejoramiento de las condiciones de vida; además que aleja aún más las ya escasas posibilidades de movilidad y ascenso social. Si no se toman medidas para revertir esta situación, nuevas medidas de hecho violentas están a la vuelta de la esquina», puntualizó.

Un primer paso para cambiar esta situación se trató en la nota que publicó Diario La Hora el pasado 19 de agosto de 2022, bajo el título «El control de precios es una bomba de tiempo dentro de los diálogos entre Gobierno y movimiento indígena». Ahí se analizó que, antes de tratar de imponer costos y precios desde la política o ciertos sectores, se debería apostar por impulsar la asociatividad y el cooperativismo productivo. Con esto se generan mayores ingresos para los campesinos, se producen bienes con más valor agregado y se trata de la mano con las grandes empresas.

Las mismas trabas se producen cuando se aprueban cosas como la reciente Ley para la fijación del precio de la leche, donde se ponen trabas y requisitos que solo aseguran los ingresos a los que ya son formales en el sector agropecuarios; pero dejan con mínimas oportunidades a la mayoría. El resultado es más informalidad y menos competitividad.

8 de cada 10 trabajadores en la informalidad

De acuerdo con la última encuesta del INEC, alrededor de 8 de cada 10 trabajadores sobreviven en actividad precarias y con bajos, ingresos. Con corte a julio de 2022, el número de informales pasó de 2’192.551 a 2’429.056. La categoría con mayor aumento es la relacionada al llamado empleo no remunerado, es decir, actividades de ayuda en la producción, en muchos casos de menores de edad o personas de la tercera edad, que solo contribuyen a generar una producción de autoabastecimiento o niveles bajos de ventas.

Ricardo Gómez, 28 años, explicó que este nivel de precariedad fue uno de los principales incentivos para dejar el campo y buscar oportunidades en las ciudades. » Por todo lado se vuelve muy difícil conseguir un trabajito; pero los pueblos rurales es casi imposible mejorar en algo las condiciones de vida. No puede estudiar la universidad, pero busco cualquier actividad para redondear los ingresos», dijo.

Mientras la informalidad llega al  63% de la Población Económicamente Activa (PEA); mientras el porcentaje supera el 83% en el campo. Esta diferencia hace que la población más joven salga de la ruralidad a buscar otras opciones precarias, aunque con mejores perspectivas, en las grandes urbes. Esto está directamente relacionado con el envejecimiento de la fuerza laboral del campo. (JS)

Pocos resultados, pero muchos discursos

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que, con corte a julio de 2022, se registraron resultados positivos a nivel nacional. Así, se resalta que 94.000 personas salieron del desempleo y hubo una reducción en el subempleo. Sin embargo, la mayoría de los que dejaron de ser desempleados se convirtieron en informales y se registraron en otras categorías como otro empleo no pleno o incluso empleo no remunerado.

Así, en términos reales, la informalidad subió de 5’156.348 a 5’476.786; mientras el empleo adecuado a nivel nacional apenas aumentó de 2’631.708 a 2’752.904.

Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que los resultados en el mercado laboral son decepcionantes. Entre las razones de fondo de esta realidad, además de la baja productividad y competitividad nacional, están los incrementos salariales políticos y no técnicos; y la inflexibilidad laboral que desalienta la contratación en un entorno incierto.

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