REUNIÓN. EL 23 de agosto de 2022, Guillermo Lasso y su equipo ultimaron detalles de la consulta.

El periodo máximo de ejecución será hasta febrero de 2023  para que coincida con las elecciones seccionales.

En la semana del 5 de septiembre de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso anunciará al país el contenido de las preguntas de la consulta popular, que serán enviadas a los jueces de la Corte Constitucional (CC) para su calificación de constitucionalidad o no. “Las preguntas están listas”, aseguró una fuente del Gobierno.

El texto quedó definido el 23 de agosto pasado, dos días después de que el jefe de Estado retornó al país de Houston (Estados Unidos), donde se sometió a un chequeo médico por un diagnóstico de melanoma en su párpado derecho.

“Trabajamos para que la consulta popular sea una realidad. Es necesario que todos nos unamos para construir políticas que nos permitan generar las oportunidades que merecemos. Muy pronto entregaremos las preguntas”, escribió Lasso en su cuenta de Twitter el 23 de agosto de 2022.

Su mensaje lo acompañó con una fotografía reunido en la Gobernación del Guayas con varios de sus colaboradores, entre ellos Francisco Jiménez, ministro de Gobierno; Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia; Iván Correa, secretario de la Administración Pública; y Leonardo José Laso, secretario de Comunicación.

“El Presidente anunciará el contenido (de la consulta) personalmente, y ha dado una fecha, será a partir del 5 de septiembre. No creo que sea antes.  El proceso reviste tanta importancia, no solo para el Gobierno, sino para el país que se ha consultado a varios sectores, y se han realizado mediciones”, dijo la fuente cercana al Ejecutivo.  Precisó además que las preguntas “se han ajustado de acuerdo con la coyuntura”.

La Asamblea se salva

El 16 de agosto en declaraciones a periodistas, Francisco Jiménez consideró que es “imprescindible» realizar el plebiscito dadas las circunstancias de fricción entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (controlada por la oposición).

Sin embargo, en las últimas horas, en el Ejecutivo se ha decidido que la consulta estará enfocada principalmente, por ejemplo, en aspectos de seguridad como elementos de preocupación del Gobierno y de la ciudadanía; institucionalidad, o eliminar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)

Pero en la propuesta se han descartado preguntas sobre proyectos de ley que debe tratar la Asamblea Nacional, así como la disminución del número de legisladores, la bicameralidad, incluso, una eventual destitución, entre otros temas.

“Podría sufrir un revés”

Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, opinó que el hecho de que se haya pedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) el archivo de la denuncia de corrupción por presunta concusión, planteada el 26 de marzo por Guillermo Lasso, en contra de cinco asambleístas del movimiento Pachakutik, que votaron por el archivo del proyecto de Ley de Inversiones, deja ver un panorama “nada alentador”. El analista considera que la consulta podría sufrir un revés.

Lo dijo en referencia a que, en la actualidad, el Gobierno no goza de credibilidad, y por ello cree que el electorado no sufragará por la idea plasmada en una pregunta, sino que votará a favor o en contra del Presidente de la República.

“Al menos esa confianza se acaba de caer después del anuncio de no llevar a feliz término la denuncia de presunta corrupción sobre algunos representantes de las Asamblea”, señaló.

Alarcón recordó que las preguntas sobre la reducción del número de legisladores opera solamente con proyección a futuro, por lo que entraría en vigencia de cara a las elecciones de 2025.

Alarcón no considera que el mensaje de reconciliación y unidad que busca transmitir el presidente Lasso con el retiro de la denuncia sea una buena señal.

Para él, la percepción de la ciudadanía seguramente será que existió una negociación para evitar que se produzcan confrontaciones, y quizá lograr algo de gobernabilidad en los tres años que le restan en la Presidencia.

Para Alarcón esto evidencia una “enorme ingenuidad” del Gobierno porque, independientemente de ese tema, los 137 legisladores saben ahora que nadie les moverá de sus cargos hasta 2025.

“Conveniencias” 

Xavier Palacios, constitucionalista, afirmó que la decisión de no incluir preguntas sobre la Asamblea se enmarcaría en un tema de “conveniencias”.  A su criterio, en una propuesta de reducción del número de legisladores no está implícita una prohibición constitucional, siempre y cuando la disminución no anule a la representación de las minorías. La idea del número de asambleístas es garantizar la concurrencia de las minorías.

Enmienda

Carlos Aguinaga,  del colectivo Voces por la Democracia, consideró que lo “lógico y coherente” es que en cualquier propuesta de consulta, sea de iniciativa presidencial o ciudadana,  se busquen preguntas que tengan por objetivo la enmienda constitucional, porque después de un dictamen de la Corte vendrá el pronunciamiento popular de forma directa. Así se evita que se transforme en una discusión de una reforma y  el debate tenga que ir a la Asamblea. (SC)

Pachakutik cuestiona a Lasso

“¿El Presidente quiere ganar votos de los cinco asambleístas denunciados?”, preguntó Mireya Pazmiño, legisladora del movimiento Pachakutik, quien cuestionó al Ejecutivo por solicitar a la Fiscalía el archivo de la denuncia en contra de sus colegas Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero.

Pazmiño  lo atribuyó al hecho de que en estos momentos se desarrolla un juicio político a Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo.

“El Presidente no puede meter la mano en el Consejo de Participación Ciudadana, ni meterse en la Justicia,  debe dejar que la Fiscalía lo resuelva; esta es una política demagógica”, señaló.

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