José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). Foto: Tomado de cnaecuador

En el 2019 el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destinó recursos por $ 200 millones para la implementación de infraestructura que les permitan a las fincas camaroneras del país migrar del uso de combustibles fósiles a la electricidad, un ambicioso plan para el cual la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) incluso desarrolló un cronograma por fases. Sin embargo, al cabo de tres años y tres prórrogas, y a punto de vencerse otro plazo en diciembre próximo, el Ministerio de Economía y Finanzas continúa sin entregar las garantías soberanas que se necesitan para desbloquear esos fondos. José Antonio Camposano, presidente de la CNA, explica a Diario EL UNIVERSO el estado actual de este proceso.

¿En qué condiciones la CAF otorga los fondos para la electrificación de las camaroneras?

Se trata de recursos para la construcción de infraestructura pública para llevar el servicio de energía eléctrica a sectores rurales en los que están ubicadas fincas camaroneras. Es un financiamiento a 15 años plazo, con 5 años de gracia.

¿Desde qué fecha la CAF puso a disposición los fondos por $ 200 millones para el plan de electrificación de fincas camaroneras?

El proyecto se aprobó desde agosto de 2019.

¿Por qué el Ministerio de Finanzas de los gobiernos de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso no entregan las garantías soberanas para poder acceder a estos fondos?

De lo que conocemos, ya que sobre este tema prácticamente no se han dado reuniones interministeriales para empujarlo, sino únicamente por información obtenida por la CNA, el MEF no estaría conforme y no aprueba aún la información proporcionada por CNEL que sustenta las condiciones de pago del crédito.

¿En qué consiste el plan de electrificación?

El objetivo principal es la sustitución al uso de combustibles fósiles mediante la instalación de subestaciones de transformación, redes trifásicas de distribución eléctrica o ampliación de las mismas.

¿Lo que se ha avanzado hasta ahora en electrificación ha sido por esfuerzos privados?

Sí, ya que esta es una de las acciones clave para fomentar la competitividad de nuestra industria y no puede esperar hasta que los nudos burocráticos se resuelvan. Si bien el Gobierno ha trabajado en convenios de excepcionalidad para quienes se encuentran interesados en invertir recursos propios y electrificarse, aún quedan asuntos que resolver como la certeza tarifaria, pues se desconoce el costo que tendremos que pagar en el futuro por energía eléctrica, así como sobre costos que hoy se cobran como alumbrado público en zonas rurales e inclusive recolección de basura que es inexistente donde se encuentran las camaroneras.

¿Cuántas fincas estarían dentro del plan?

Se estima que alrededor de 1.100 fincas, que equivalen a 55.000 hectáreas, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro estarían cubiertas por el proyecto.

¿Si al llegar diciembre el ministerio no entrega las garantías qué pasará con esos fondos?

Como representantes del sector camaronero tendríamos la obligación de solicitar una nueva prórroga para evitar que estos importantes recursos se pierdan. Al día de hoy no sabemos si CAF pueda continuar extendiendo estos plazos.

Ya antes los plazos han vencido, ¿cómo se mantuvo la disponibilidad de estos fondos pese a que se vencieron plazos anteriores?

Mediante permanentes reuniones y mesas de trabajo con las autoridades locales, representantes de la CAF y el apoyo de Corpei para visibilizar los cuellos de botella con todas las instituciones involucradas en este proyecto y mostrar avances. Lamentablemente, desde el sector percibimos que al tema no se le ha dado la prioridad que merece, tanto como política de fomento productivo a la actividad camaronera, como una política ambiental para llevar al sector al uso de energías más limpias. (I)

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