HECHO. El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, busca tender puentes con la ruralidad.

Sin apoyo efectivo a la agricultura familiar campesina, el descontento volverá. El Ministro de Agricultura apunta a medidas de corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno de Guillermo Lasso está consciente que debe buscar un punto medio entre la política y las soluciones prácticas para evitar que el descontento rural vuelva a encenderse como en el último paro de junio de 2022.

Se busca dar soluciones de corto plazo en la línea de subvenciones o ayudas estatales para reducir costos. A eso se suman capacitaciones, préstamos e iniciativas para romper las cadenas de los intermediarios.

Sin embargo, la apuesta, a mediano y largo plazo, está en la formación de cooperativas y centros de acopio; además de concretar un Registro Agropecuario que permita armar un plan de desarrollo con datos actualizados sobre el sector.

En entrevista con LA HORA, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, explicó cómo se está trabajando para cambiar la realidad de la ruralidad y la Agricultura Familiar Campesina.

P. ¿Cuál es el principal problema estructural del campo ecuatoriano?

La Agricultura Familiar Campesina (AFC), que produce el 60% de la canasta básica y el 76% de trabajo rural, ha sido olvidada porque son los minifundios de menos de 3 hectáreas. Cada año se van dividiendo más porque se heredan las tierras. A la falta de acciones durante años para que esos pequeños productores se unan, generen economías de escala y ganen más, se suma la informalidad y la intermediación. Esto es lo más grave que tenemos. Si no trabajamos en soluciones efectivas, está en juego la seguridad alimentaria y tendremos que importar la mayoría de comida.

P. ¿Cómo se empieza a solucionar este panorama?

En el corto plazo, tenemos que mantener las subvenciones hasta que los pequeños campesinos mejoren su producción. Los precios de los fertilizantes y agroquímicos se han duplicado. Por eso es importante mantener programas como el 50% de subsidio a la urea y la entrega de semillas. Además, estamos empeñados en impulsar la capacitación, la entrega de kits tecnológicos y los créditos, tanto los del 1% a 30 años plazo (hasta $5.000) como los de 5% entre $5.001 y $20.000.

P. ¿Cómo se enfrentan los problemas de los intermediarios y los bajos precios que reciben los pequeños productores?

Tenemos un plan para trabajar en la parte comercial en tres vías. El objetivo es que los miembros de la AFC lleguen directamente a los centros de distribución y venta. Para eso, se busca aumentar a por lo menos 200 ferias al año, para que puedan comerciar con los consumidores de manera directa. En segundo lugar, se está trabajando con Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para hacer un catálogo de la AFC en el que directamente puedan vender el Estado. Vamos a arrancar con un 30% e ir creciendo. La tercera vía son las grandes cadenas de supermercados. Hemos hablado con varios dueños de supermercados y les estamos pidiendo las perchas para poner los productos de AFC. Ya hemos capacitado a 26.000 productores para que puedan abastecer de manera sostenible esas perchas.

P. ¿Cómo piensan impulsar las cooperativas y los centros de acopio?

En el mediano plazo queremos hacer 100 centros de acopios, por ejemplo, para beneficiar al menos a 100 comunidades. Tenemos presupuesto durante este y el próximo año. El trabajo tiene que ser entre Gobierno, comunidades y empresa privada. El primer paso es que los pequeños productores se alíen con empresas anclas, que les enseñen a vender, a tener estándares de calidad. Hay que cambiar el chip y hacer cooperativas que tengan fin de lucro y el chip de pobres agricultores a emprendedores pymes y empresarios agrícolas. En la Sierra existen experiencias exitosas como las de El Ordeño. También ya se desarrollan modelos asociativos alrededor de productos como el chocho.

P. ¿Cómo se pueden sentar las bases para un cambio consistente a largo plazo?

En el largo plazo estamos trabajando en dos pilares. Por un lado, el 27 de octubre vamos a firmar el convenio para que desde 2023 se lleve a cabo el Registro Nacional Agropecuario. Servirá para saber cuánta gente hay en la AFC; cómo producen; qué producen; dónde están; y qué necesitan. La información que se levanta es más detallada que un censo y costará $30 millones. A la par se busca crear un Observatorio de Políticas Agropecuarias. El objetivo es que los avances no se queden en el Gobierno de turno.

P. ¿Todos estos planes se discutieron en las mesas de diálogo con los indígenas?

Todo se conversó y, en lo sustancial, estuvieron de acuerdo. Lo que no querían, aunque parte del movimiento indígena entendió los beneficios potenciales, es el tema de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como línea política están en contra; pero como Gobierno planteamos crear una especie de comisión agrícola que acompañe a cada TLC durante el año o dos que duren las negociaciones. Pero no se pueden cerrar las grandes oportunidades que se abrirán con con China y Corea del Sur, por ejemplo. El mercado chino es de 1.400 millones de personas. De ese total, entre 700 y 800 millones son clase media con poder adquisitivo. En poco tiempo van a demandar cada vez más comida y hay oportunidades en lácteos, cárnicos, hortalizas, entre otros, inclusive el mismo banano. En el mercado de Corea del Sur, actualmente tenemos 30% de impuestos de ingreso; mientras Perú y Colombia tienen cero. Si bajan los aranceles puedes vender más y potenciar el sector agrícola y pecuarios desde las exportaciones. (JS)

“En el campo, si quieres meter una nueva manera de hacer las cosas, debes capacitar y convencer primero a los líderes. Si se ven buenos resultados el resto de la gente se va uniendo”. Bernardo Manzano, ministro de Agricultura.

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