Obras de captación de la Central Hidroeléctrica San José de Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar. - Foto: Cortesía Proyecto Socioambiental Dulcepamba.

La reversión de la autorización de uso y aprovechamiento de agua a Hidrotambo, operadora de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo (provincia de Bolívar), es uno más de la serie de procesos legales a los que se ha enfrentado la compañía en sus siete años de operación.

Pero, de hacerse efectiva, sería el de mayor impacto para la empresa, porque implicaría la paralización de la hidroeléctrica, que tiene una capacidad instalada de producción de energía eléctrica de 8 Megavatios (Mw), en dos turbinas.

El proceso fue iniciado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en agosto de 2022, por incumplimiento en las condiciones establecidas en la autorización.

El procurador de Hidrotambo, Juan Carlos Escobar, asegura que el proceso tiene una serie de inconsistencias legales que han dado a conocer al Ministerio de Ambiente.

“Hemos llegado a la fase de la inspección y agotamiento de pruebas. Estamos a la espera de que la autoridad emita su resolución. De ser negativa, se impugnará ante el Tribunal Contencioso Administrativo“, dice Escobar.

Para Escobar, una reversión de la autorización significaría una modificación a las “reglas de juego” estipuladas en el contrato que firmó Hidrotambo con el Estado, en marzo de 2012, en el que le autorizaron la generación de energía eléctrica.

“El propio Estado nos está restringiendo una actividad económica”, añade Escobar, quien detalla que hasta ahora la inversión de la empresa asciende a USD 22 millones.

El Ministerio de Ambiente dijo que no puede responder preguntas sobre Hidrotambo por ahora para no adelantar ningún criterio sobre la resolución que deben emitir por la autorización de uso de y aprovechamiento de agua a la empresa.

Desviamiento del río

La madrugada del 20 de marzo de 2015, los habitantes de San Pablo de Amalí, fueron sorprendidos por la crecida del río Dulcepamba, que arrasó con todo lo que estaba a su paso.

Las familias que vivían en las cercanías del río fueron las más afectadas. Glenda Cuji Pala, Carmen Quinatoa Guerrero y Elkin Albuja Quinatoa, no sobrevivieron a la tragedia. Además, 12 casas fueron destruidas.

Darwin Paredes, habitante de San Pablo de Amalí y miembro del proyecto socioambiental Dulcepamba, asegura que fue el desviamiento del cauce del río, ocasionado por las obras de captación de la hidroeléctrica, lo que ocasionó la fuerte inundación.

“El río Dulcepamba fue desviado de su cauce natural hacia la izquierda, es decir, hacia la comunidad San Pablo de Amalí. Para lograrlo, Hidrotambo elevó el nivel del suelo del río”, explica Paredes.

El comunero recuerda que, antes, el río tenía una llanura aluvial de unos 100 metros de ancho, donde depositaba los escombros que traía de arriba. “Desaparece la llanura y es reemplazada por las obras de cemento. El ancho del río ahora es de unos seis metros”.

“El material pétreo tapona el río, causa una laguna y se inunda. En tan solo 15 minutos se va hacia las casas, carreteras y cultivos que están cerca”, continúa Paredes.
Desde 2015, en los meses más fuertes del invierno, entre marzo y abril, el río se ha desbordado al menos unas cinco veces. La última vez fue el pasado 9 de marzo de 2023.

Cada vez que esto ocurre, la parte baja de San Pablo de Amalí queda incomunicada, porque la vía que conecta con San José del Tambo, del cantón Chillánes, es lo primero que se inunda. La comunidad ha pasado hasta tres semanas incomunicada.

“Esto ha cambiado la forma de vivir las personas, se vive en zozobra en el invierno. Ahorita hay unas 10 casas que están a muy pocos metros de distancia del río, entre uno y cuatro metros, producto del desviamiento del cauce”, dice Paredes.

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