Según Oswin Crespo, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, que asocia a once gremios de pequeños y medianos camaroneros a nivel nacional, existen alrededor de 63.000 hectáreas de concesiones. Foto: Archivo

Más de un año después, hay expectativa de que una reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca que estaba prevista en el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional en el 2022, pero que fue archivado por el Legislativo en marzo de ese año, pueda impulsarse de nuevo a través de un decreto ley.

Desde el sector acuícola se asegura que ya está listo un proyecto que incluye la titularización de las concesiones de tierras acuícolas para que quienes ocupen esos terrenos los adquieran cancelando al Estado un valor determinado técnicamente.

Así lo indicó Oswin Crespo, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores (Fedac), que asocia a once gremios de pequeños y medianos camaroneros a nivel nacional, y reveló que existen alrededor de 63.000 hectáreas de concesiones, aunque aclaró que la titularización sería de manera voluntaria. Esperan que se sume este decreto ley a los que hasta ahora el Ejecutivo ha presentado a la Corte Constitucional: la reforma tributaria y la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones.

“La figura es titularizar las concesiones siguiendo un proceso similar al que tenía el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria), después llamado Indac, cuando vendía tierras baldías a los colonos agrícolas”, explicó Crespo.

En el proyecto del 2022 esa reforma estaba prevista en en el artículo 122 y señalaba:

“Los titulares de concesiones de zona de playa y bahía destinadas exclusivamente a la actividad acuícola, cuyas superficies hayan perdido la influencia marina de las mareas por la acción del hombre o de la naturaleza y que, por lo tanto, ya no ostentan tal calidad ni la de bien nacional de uso público, podrán solicitar al ente rector de Acuicultura y Pesca dejar sin efecto el acto administrativo que otorgó la concesión respecto del área objeto de la misma y, en consecuencia, solicitar al ente rector de Acuicultura y Pesca la adjudicación de la propiedad de dichas tierra previo al pago del valor que corresponda conforme los parámetros que serán establecidos vía norma técnica y conforme los requisitos técnicos que establezca el ente rector de Acuicultura y Pesca”.

Crespo aseguró que estas titularizaciones beneficiarían al sector en un momento en el que el sector atraviesa el “peor momento histórico” de precios del camarón, pues indicó que desde la pandemia tienen pérdidas que llegan hasta $ 0,20 por libra de camarón.

¿Cómo los beneficiaría? Según el dirigente, este segmento que no es propietario de las tierras no puede acceder a créditos en el sistema financiero por falta de garantías, lo que cambiaría una vez que se titularizan estas hectáreas.

“Sí nos beneficia, pues los que tenemos concesiones somos parias del sistema financiero nacional, pues no tenemos acceso al crédito y peor a las ayudas que podría dar el gobierno en caso de emergencias como el terremoto”, aseguró Crespo. (I)

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