Miembros de la Policía en el distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, en mayo de 2023. - Foto: Policía Nacional Zona 8/Twitter

Ecuador enfrenta asesinatos, extorsiones y atentados por parte de las bandas del crimen organizado. Esto ha trastocado la dinámica de consumo de los ciudadanos, afirma un reporte de la consultora de mercado Kantar.

Eso porque la mayoría de comerciantes en Ecuador han empezado a trasladar el costo de las extorsiones y los robos al precio final de los productos.

Por ejemplo, el saco de cebolla que costaba USD 35 ahora se comercializa en los mercados a USD 75. Y, en algunos casos, llega a costar USD 90 el saco, dice César García, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha (Fedecomip).

Y hay quienes sienten más el impacto económico de la escalada de violencia, que ya representa un aumento de 74% en el número de muertes violentas en el primer semestre de 2023.

Se trata de las personas en situación de pobreza, que son cinco millones de ecuatorianos que viven con menos de USD 3 al día y cuyo poder adquisitivo se erosiona aún más por la inseguridad.

Extorsiones a distribuidores y tiendas

Las personas del estrato socioeconómico bajo son las más perjudicadas por la inseguridad, según Miguel De La Torre, director de Kantar en Ecuador.

Eso se explica en los robos y las extorsiones que enfrentan las tiendas de barrio, los mercados y los camiones que entregan productos en sus barrios.

“Hay zonas del país en las que la distribución de productos está absolutamente controlada por el crimen organizado“, ha reconocido la Cámara de Industrias y Producción (CIP).

Las zonas a las que hace alusión la CIP son los barrios más pobres. Allí las tiendas, ferreterías y conductores de transporte pesado son extorsionados por delincuentes para que se les “permita” comercializar sus productos a cambio de no hacerles daño.

Las extorsiones a los distribuidores llegan a USD 100, y en caso de no tener dinero son despojados de mercadería y vehículos, detalla García.

En ese escenario, los proveedores de alimentos y bebidas de consumo masivo han optado por dejar de ingresar a ciertas zonas, como Nueva Prosperina, el barrio más peligroso de Guayaquil, una de las ciudades más violentas de Ecuador.

El número de distribuidores que llegaban allí ha caído a un tercio.

Para abastecer sus pequeños negocios, los vendedores deben conseguir el resto de productos en supermercados, lo que resulta más caro.

En ese contexto, los comerciantes trasladan el costo de las extorsiones, de los robos y de los productos adquiriros en supermercados al precio de venta al consumidor, explica De La Torre.

“No sabemos que más hacer, porque los policías saben de las extorsiones y reciben coimas. Todo es una cadena de corrupción”, afirma Carmen, quien pidió la reserva de su nombre por temor. Ella habita en Nueva Prosperina.

Kantar advierte que, ante la inseguridad, las tiendas irán perdiendo peso en la compra de los ecuatorianos por el aumento de precios o porque, en algunos casos, los dueños han tenido que cerrar el negocio ante las amenazas y han optado por migrar a otros países.

En los primeros siete meses de este año, 34.357 ecuatorianos atravesaron la frontera entre Colombia y Panamá para migrar de forma irregular hacia Estados Unidos. Solo en julio, hay un registro de casi 10.000 ecuatorianos.

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