Los países de la Unión Europea respaldaron ayer la propuesta de la Comisión Europea para retrasar doce meses la aplicación de la ley de la UE para frenar la deforestación ligada al consumo comunitario, de forma que sólo falta la decisión de la Eurocámara para que se haga efectiva.
“El Consejo acordó su posición sobre la enmienda dirigida al reglamento de deforestación de la UE, posponiendo su fecha de aplicación por 12 meses“, indicó en un comunicado la institución que representa a los Estados miembros.
La decisión fue tomada en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE y el aplazamiento “permitirá que los países terceros, los Estados miembros, los operadores y los comerciantes estén plenamente preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que ciertos productos y mercancías vendidos en la UE o exportados desde la UE estén libres de deforestación”, agregó el Consejo.
El reglamento, ahora en vías de ser enmendado pero aprobado por el Consejo y el Parlamento con holgadas mayorías en 2023, busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Según la legislación en su forma actual, a partir del 30 de diciembre de 2024 las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
Sin embargo, la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen propuso a inicios de octubre otorgar “12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales”, tras intensas presiones de algunas industrias, partidos políticos y países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva zelanda o Canadá.
La prórroga trasladaría la fecha de aplicación al 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y operadores y al 30 de junio de 2026 el límite para las para micro y pequeñas empresas.
“Esto proporcionaría certeza legal, previsibilidad y tiempo suficiente para una implementación fluida y efectiva de las normas, incluyendo el establecimiento completo de sistemas de diligencia debida que cubran todas las mercancías y productos relevantes”, resumió el Consejo.
Para que la implementación de la normativa se retrase sólo falta el visto bueno de la Eurocámara, que analizará el dossier por procedimiento de urgencia.
Es decir, no pasará por la comisión parlamentaria de medioambiente y se presentara directamente al plenario, probablemente en la sesión del 21 al 24 de octubre, indicaron a EFE fuentes parlamentarias, que agregaron que si se solicita que el hemiciclo vote el texto, posiblemente tendrá lugar en la sesión del 13 y 14 de noviembre.
Por su parte, la organización ecologista WWF difundió un comunicado en el que calificó la decisión de los Veintisiete como “un paso atrás profundamente decepcionante” y pidió a la Eurocámara a rechazar la propuesta y “actuar en interés de la sostenibilidad a largo plazo en lugar de priorizar las presiones empresariales a corto plazo”.
