Pros y contras de elevar el IVA al 15 % y cómo afectaría o mejoraría a la economía ecuatoriana

El mundo enfrenta una crisis económica como resultado de la pandemia de coronavirus, pero en el caso de Ecuador, la difícil situación en este ámbito la precedía, por lo que se ha visto más golpeado que otros países.

Como una medida para obtener recursos el Gobierno ha pedido dinero a organismos internacionales, entre esos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Como resultado del acuerdo se conoció esta semana que uno de los puntos para el préstamo sería elevar el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % del total de una compra.

Aunque las autoridades económicas del actual Gobierno han dicho que no tiene entre sus planes inmediatos subir el IVA, eso se tendrá que definir en el 2021, cuando existan nuevos gobernantes.

Pero ¿por qué podría subir este impuesto? Especialistas en el ámbito económico lo ven como una de las pocas formas que el Estado tiene para poder generar ingresos que ayuden a cubrir el gran déficit que tiene. Sin embargo, la medida también golpearía más a la población cuando la pandemia aún no acaba.

«Cualquier aumento en el impuesto al consumo de un bien causará una reducción en la demanda del mismo y, por consiguiente, eso representará menos ventas para las empresas. Ahora bien, el resultado final en la recaudación para el fisco dependerá del nivel de elasticidad precio de la demanda de los bienes afectados por el impuesto. Si la demanda del bien afectado es inelástica, lo cual ocurre generalmente con aquellos bienes considerados básicos, lo que va a ocurrir es que la reducción porcentual en la demanda será menor que el aumento porcentual de precios que experimentará el producto en cuestión, en cuyo caso la recaudación para el fisco será mayor que antes de la subida del impuesto. Por otro lado, si se aumenta el impuesto a un bien con una demanda elástica, la disminución porcentual en el consumo del bien será mayor que el aumento porcentual en los precios, lo cual generará como resultado final que la recaudación fiscal sea menor que antes de la subida del impuesto», dice Xavier Villavicencio, profesor de la Espae, la escuela de negocios de la Espol.

Villavicencio agrega que hay un consenso entre expertos de que en la situación actual de recesión económica -con proyección negativa hasta fines de año 2020- no es conveniente elevar impuestos. Además de que, quizá por esa misma razón, el incremento se estaría proponiendo para 2022, cuando se esperaría que el país y el mundo se estén recuperando de la pandemia.

De igual manera piensa el economista Pedro Romero, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), para quien existen problemas estructurales en las finanzas públicas del Ecuador, en gran medida por la caída del precio del petróleo, que ha bajado su representación en el presupuesto del 50 % al 20 % en los últimos cinco años. Y desde ese punto de vista se buscaría un justificativo para tratar de subir los ingresos permanentes del lado de los tributarios.

«El problema es que se está proponiendo esto en una etapa crítica general y cuando hasta en países que son potencia se están haciendo moratorias y reducción del cobro de varios impuestos para tratar de sobrellevar la crisis económica producida por la pandemia. Esos países están aumentando el gasto sin subir los impuestos, pero nosotros como no ahorramos por el despilfarro del Gobierno anterior no hay de dónde usar y no se puede aumentar el gasto. Entonces, estamos en una situación fiscal bastante precaria y lo único que nos ha quedado es endeudarnos, y la parte negativa es que es un momento en que la gente no está comprando mucho y si encima le pones un impuesto de 3 % más, eso va a afectar significativamente la demanda y los negocios van a tener que enfrentar este problema», dice Romero.

El economista también apunta que se debe poner en discusión cuál sería, si la hay, la compensación que recibirán los ciudadanos, porque si bien es cierto que en otros países de la región el IVA es mayor, en esos mismos países no hay otros impuestos o son menores.

«En países cercanos tienen aranceles de cero o cercanos a cero. Es decir, pagamos menos en IVA pero un arancel enorme», dice Romero.

Romero también recuerda que el FMI es un banco y como tal otorga préstamos y pide subir los ingresos. No tiene ni debe tener interés en pensar en las consecuencias de las medidas que se usan para lograrlo, ellos lo ven de manera contable.

«El Gobierno puede persuadir a la población y decir por varias razones se sube el IVA del 12 % al 15 %, pero a cambio, por ejemplo, bajar el ICE -que te lo cobran por muchas cosas, hasta por objetos que ahora son una necesidad como un teléfono o un plan de datos- como compensación», añade Romero, quien recalca que el Gobierno está en la obligación de compensar a la sociedad no solo para el consumo, sino para la producción.

«Hay que pensar que a la larga la gente de recursos compra bien, que puede ser un juguete, por ejemplo, tiene el dinero para hacerlo y a quienes más afecta son a los que menos tienen. Incluso los impuestos que se pagan para comprar una casa que eleva considerablemente su precio», apunta Romero.

Lo mismo dice Villavicencio: «En primer lugar, hay que considerar que los impuestos indirectos, en este caso el IVA, son impuestos regresivos, esto significa que aquellas personas más pobres terminan pagando una proporción mayor del impuesto que una persona con más recursos económicos. Por otro lado, un impuesto directo como el impuesto a la renta tiene la ventaja de ser un impuesto progresivo, con el cual las personas con más ingresos pagan proporcionalmente más que las personas más pobres».

¿Por qué el IVA?

La situación fiscal para el Gobierno central ya venía bastante complicada incluso desde antes de la pandemia. Una muestra de esto fue la medida de eliminar algunos subsidios a los combustibles el año pasado, medida en la que tuvo que dar marcha atrás por las fuertes protestas de hace exactamente un año.

Según el documento de Solicitud de Facilidad Extendida al FMI por parte del Gobierno nacional, que implica una ayuda financiera al Ecuador por aproximadamente 6.500 millones de dólares, vendrá con el condicionamiento de que el país apruebe una reforma tributaria importante en el segundo semestre del 2021, para restablecer los equilibrios fiscales de largo plazo y lograr mayor sostenibilidad en las finanzas públicas, explica Villavicencio.

Según los cálculos iniciales, si se aprueba la reforma fiscal pretendida, esta representaría ingresos adicionales al fisco de alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB lo que más o menos serían alrededor de 2.000 millones de dólares anuales adicionales.

Además, «para fines de recaudación, el IVA tiene la ventaja de ser un impuesto de fácil recaudación debido a que se cobra todos los días a través de las ventas que se realizan y declaran y pagan mensualmente las empresas que actúan como agentes de retención del mismo, a diferencia del impuesto a la renta que como sabemos se declara y paga una vez al año en los meses de febrero y marzo. Esto representa ingresos líquidos y rápidos necesarios para la caja fiscal», apunta el experto de la Espae.