Teófilo Bolaños observa con atención sus vacas lecheras que pastan en un predio de la comunidad de El Triunfo, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
Desde su finca se observa El Lomón, la montaña en donde se descubrieron yacimientos de oro, que se explotaron de manera ilegal desde noviembre del 2017 hasta agosto último.
El campesino ha sido testigo de cómo la elevación fue perdiendo el verdor, por la eliminación de la capa vegetal, hasta transformarse en un cerro árido y devastado.
A los lejos se observan tres áreas erosionadas, que parecen manchas de color café en la cima de la montaña. Son sitios en donde se talaron los árboles y abrieron túneles en busca del metal dorado. En esos lugares vivían y laboraban 10 000 personas.
A estos asentamientos les dieron los nombres de Mina Vieja, El Olivo y Mina Nueva. Las áreas afectadas eran bosques nativos donde primaban especies como cedro, canelo, olivo, encino, laurel dorado, entre otras maderas finas. Así detalla Marcelo Méndez, director de Ambiente del Municipio de Urcuquí, cantón al que pertenece Buenos Aires.
Explica que durante las primeras inspecciones -tras el operativo de desalojo que hizo la fuerza pública hace tres meses- funcionarios del Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría del Agua y Agencia de Regulación Minera, entre otras, detectaron junto a las minas problemas ambientales como deforestación, desbanque de la montaña y contaminación de ríos y tierra.
Teófilo Bolaños colocó una cerca para evitar que sus animales accedan a las aguas del río Lita, que cruza cerca de su finca. Asegura que varias reses de sus vecinos han muerto porque han bebido el agua supuestamente contaminada con productos químicos que se usaban para procesar el oro.
Durante el operativo militar y policial en los campamentos mineros se encontraron envases con ácido nítrico y cianuro. Aún no hay datos oficiales del impacto que produjo la minería ilegal en el ecosistema de esta parroquia.
Francisco Peña, director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, del MAE, explica que se han realizado análisis preliminares del ambiente, agua, suelo y vegetación. Sin embargo, anunció que desde el próximo mes se realizará un examen más profundo de los perjuicios, que deben ser determinados mediante una resolución judicial.
Los exámenes incluirán análisis técnicos en el campo y en laboratorios, fotografías aéreas de las zonas deforestadas y de servicios ambientales que tiene este ecosistema. El objetivo es que hasta marzo del próximo año se tengan resultados concretos. Esa información servirá para elaborar el plan de acción para la remediación de la zona afectada.
Según Peña, hay una contaminación puntual en la zona. Comenta que se instalaron especies de piscinas para los procesos químicos y que no eran impermeabilizadas, ya que así opera la minería ilegal.
El funcionario calcula que el bosque dañado se recuperaría en al menos 50 años. Bolaños recuerda que El Lomón era un bosque nativo intacto. Entre la vegetación se podían observar ardillas, guatusas, guantas, pájaros carpinteros, loros y otros, pero ellos han emigrado. En esos sitios ahora proliferan solamente las ratas, que llegaron atraídas por los desechos que quedaron abandonados.
Para enfrentar este problema sanitario, el Municipio de Urcuquí adquirió 12 kilos de raticidas. Cada kilo tiene 100 pastillas. Estos productos, denominados cebos, hay que colocarlos cada 10 metros, explica Méndez a los uniformados que custodian los excampamentos.
