Esta semana se define el éxito o fracaso de la propuesta de renegociación de la deuda ecuatoriana en bonos. Es que el próximo viernes 31 de julio termina el plazo para las votaciones de los tenedores frente a la propuesta formal ecuatoriana para renegociar $17 375 millones. El proceso resultó ensombrecido, luego de que un grupo de tenedores se mostró en contra de la propuesta que ya había alcanzado un apoyo mayoritario (53 %) del denominado grupo Ad hoc.
Este grupo que rechaza la propuesta tiene como parte de sus miembros a tenedores de bonos 2024 (que tienen condiciones más favorables que otros bonistas para ellos en una negociación) y al conocido grupo Grantham Mayo Van Otterloo & Co. (GMO), recordado por haber interpuesto un juicio en la Corte de Manhattan en contra del Gobierno hace algunos años.
De acuerdo con Augusto de la Torre, miembro del Consejo Económico del Gobierno, al momento los fondos de inversión representados por el Comité Directivo (Steering Committee), a los cuales les califica como rebeldes o recalcitrantes (por que se rehúsan a aceptar la propuesta acordada ya en principio con el grupo Ad Hoc), son una minoría.
Explica que los fondos de inversión en el Comité Directivo son pequeños y no tienen ni el prestigio ni el peso en el mercado de los que conforman el grupo Adhoc (Ashmore, Blackrock, Wellington, Alliance-Bernstein). Sin embargo, reconoce que podrían llegar a obstaculizar la negociación en el caso de que estos “fondos rebeldes/recalcitrantes” tuvieran en su poder el porcentaje del principal de los bonos mínimo necesario para bloquear el acuerdo.
De acuerdo con los pronunciamientos de prensa del Comité Directivo (que aglutina a grupos de inversores asesorados por BroadSpan Capital y UBS, junto con algunos tenedores del bono 2024, representados por Quinn Emanuel, tendrían un mínimo de 25 % de los bonos en todas las series y hasta el 35 % en ciertas series de bonos.
Ecuador requiere obtener el visto bueno de mínimo el 50 % en cada bono y en total el 65 % de nueve bonos, a excepción de los 2024 que requieren aprobación del 75 %.
Para De la Torre puede ser que estén cerca de ese porcentaje en una de las series de bonos en cuestión: la 2024. “Por eso es muy importante que Ecuador, junto con los fondos de inversión que conforman el grupo Ad Hoc, sigan buscando adhesiones a la propuesta de la República del Ecuador”, dijo.
Santiago Mosquera, director del USFQ Business School, explica que el grupo que hace la contrapropuesta no son fondos buitres, son inversionistas internacionales quienes consideran que la propuesta de Ecuador no es suficientemente atractiva y por eso presentan la suya. Dentro de los fondos está Grantham Mayo Van Otterloo & Co.
GMO Trust (un poco más especulativo) ya le había presentado una demanda contra Ecuador, en la Corte de Manhattan (Nueva York). Esa demanda se presentó en diciembre de 2014 por la declaratoria de moratoria de bonos realizada en diciembre de 2008. Alegaba que Ecuador no estaba en situación de crisis cuando se hizo el default, sino que simplemente se apoyó en un estudio de una Comisión de Deuda. Ellos pensaban que podrían pedir el pago vencido porque tenían el 25 % del saldo que quedó sin negociar. Al final se hizo un arreglo fuera de corte.
Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, la posición de estos inversionistas no es la correcta. Considera que el Estado ya estaba siendo bastante generoso con la propuesta que presentó oficialmente. Dice que no es lógico pedir más por bonos basura que tenían alto riesgo.
El experto indica que este tipo de presiones se dan cuando los inversionistas ven un estado frágil y quieren sacar más réditos con sus inversiones que son especulativas. Agrega que los mercados y los inversionistas son deshumanizados, no tienen sensibilidad, lo único que buscan es minimizar sus pérdidas, por lo que no sorprende esta posición.
En medio de este panorama, organismos multilaterales y organizaciones mundiales han mostrado apoyo al país. Entre ellos, el FMI, BID, CAF y la Organización de las Naciones Unidas.
Contrapropuesta presiona liquidez del Ecuador en $2224 millones en años más complicados
La propuesta que hace el grupo de tenedores Comité Directivo perjudicaría al Ecuador tanto en el valor de recuperación general, como en la presión de liquidez en estos años inmediatos, en los cuales Ecuador ni de lejos podría aún salir de la crisis generada por la pandemia.
La reestructuración de la deuda de $17 375 millones en bonos propuesta por Ecuador consiste en una reducción del capital de $1540 millones de la deuda vigente; así como la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2 % a 5,3 %. También se logró la duplicación del plazo promedio, de 6,1 años a 12,7 años: así como la extensión del periodo de gracia: 5 años en el capital y prácticamente 2 años en el interés. En cuanto a los intereses no pagados y acumulados (aproximadamente $1060 millones entre marzo y agosto), serán pagado desde 2026 hasta el 2030, con una tasa de interés de 0 %.
En cambio la propuesta de los tenedores del Comité Directivo apunta a que el país pague unos $2224 millones más que en la propuesta oficial entre 2022 y 2027. Para Santiago Mosquera, director del USFQ Business School, estos son los temas que llevaron al país a rechazar dicha propuesta. Lo que requiere Ecuador ahora es aliviar su presión en los años inmediatamente venideros, comenta.
Adicionalmente el valor de recuperación en el caso de la propuesta ecuatoriana sería de 49,4 %, mientras el pedido de los tenedores rebeldes sería de 55 %. Entre las exigencias del Comité también está que se llegue a un acuerdo con el FMI para garantizar el pago de estos bonos. Ellos ofrecen un descuento del volumen de la deuda apenas $200 millones más alto y entregar más recursos líquidos, pero a altas tasas.
