A menos de quince días del plazo límite del 31 de diciembre para registrar los contratos entre productores y exportadores ecuatorianos de banano, la suscripción de estos avanza lentamente, a pesar del compromiso previo de garantizar que la fruta salga del país con contratos firmados, como establece la Ley del Banano.
José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), reconoce que algunos productores aún no han firmado contratos. El año pasado, a pesar del consenso en el precio de US$ 6,50 para 2023, solo el 40% de la fruta salió con contratos, y el resto se vendió bajo la modalidad spot.
Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), lamenta que no todos los productores estén dispuestos a firmar para 2024 y estima que, hasta la fecha, no más del 15% de la oferta exportable se ha contratado. Destaca que ya se están firmando contratos con Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea (UE) y Rusia el proceso va más lento debido a la resistencia al nuevo precio.
Según cifras de Acorbanec, de las exportaciones de enero a octubre de 2023, el 29,12% se destinó a la UE y el 21,09% a Rusia.
Desde el lado de los productores, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros (Fenabe), expresa el escepticismo de algunos hacia la firma de contratos, citando problemas pasados como el incumplimiento, descuentos ilegales y la pérdida de institucionalidad en el Ministerio de Agricultura ecuatoriano.
A pesar de la reticencia de algunos productores, Torres espera que los contratos sean “adecuados” y reflejen un escenario de “ganar ganar”. Subraya la importancia de la formalización para evitar los riesgos de un mercado sin regulación y espera que el Ministerio de Agricultura deje de ser utilizado de manera indebida.
Por otro lado, Salazar recuerda que la base para la negociación es el Precio Mínimo de Sustentación (PMS) de US$ 6,85 por caja, y destaca la necesidad de voluntad por ambas partes para lograr contratos beneficiosos. En este proceso, la esperanza reside en que se firmen contratos adecuados para ambas partes y que el Ministerio de Agricultura actúe como un árbitro imparcial.
