“Para garantizar la economía familiar campesina es crucial que las mujeres participen en la reforma agraria”, afirmó Andrea Silva, directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, durante el foro “Ordenando el territorio con las mujeres”, realizado hoy en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con el apoyo de la Escuela de Género.
La funcionaria también habló sobre la importancia de incluir a las mujeres en los procesos de reforma agraria en Colombia, destacando las brechas históricas que han limitado su acceso a la propiedad de la tierra y su participación en la toma de decisiones.
Durante el evento se discutieron las barreras históricas y contemporáneas que enfrentan las mujeres en el acceso a la tierra, y además los desafíos en la ruralidad, como la falta de acceso tanto a la propiedad (por la usencia de titularidad) como a la educación, y la baja participación política.
“En los procesos de titulación anteriores observamos que la titulación a mujeres era muy baja. Generalmente en los espacios de socialización y convocatorias que realizamos en la Agencia la mayoría de los asistentes son hombres, lo cual nos preocupa profundamente porque se trata no solo de la seguridad jurídica sobre la tierra sino también de la capacidad de decidir qué se hace en un predio y cómo se trabaja, escenarios que también deben ser ocupados por las mujeres”, afirmó la directora Silva.
Por su parte la trabajadora social María Leonor Yonda, líder campesina y defensora de los derechos humanos, subrayó cómo el sistema patriarcal y el modelo económico han influido en la exclusión de las mujeres rurales.
“Históricamente las mujeres hemos sido relegadas a espacios como la huerta o la parcela, mientras que la visión de la tierra en su totalidad era reservada para los hombres; y aunque las mujeres somos casi el 48 % de la población rural seguimos siendo las que tenemos menos acceso a la tierra”, afirmó.
Al respecto, Adriana Patricia Fuentes López, investigadora en temas de tierras y campesinado, señaló que las cargas de cuidado y los roles tradicionales afectan la participación de las mujeres en los procesos de ordenamiento territorial.
“Las mujeres tienen una triple carga: cuidar la casa, asumir el liderazgo político y participar en procesos de tierras. Esto se dificulta aún más por la falta de una oferta institucional para apoyar el cuidado familiar”, dijo.
Es importante señalar que entre los desafíos afrontados por las mujeres rurales de Colombia está el conflicto armado. Al respecto, Viviana Moreno, coordinadora del Equipo de Desarrollo Rural de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó la relación entre violencia y exclusión en el acceso a la tierra: “el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres rurales, quienes enfrentan amenazas directas, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
En el desarrollo del foro también se plantearon algunas posibles soluciones, entre ellas la propuesta de Andrea Silva de abrir más espacios para que las mujeres puedan ser escuchadas y reconocidas: “los hombres deben saber que tenemos una voz y una capacidad de incidir. Es vital visibilizar y abordar las barreras, muchas veces invisibles, que frenan nuestro empoderamiento y nuestra participación. También necesitamos integrar en las políticas públicas el reconocimiento de la economía del cuidado para lograr un cambio estructural”.
Luz Mery López Pascagasa, funcionaria del equipo de género de la Agencia de Desarrollo Rural, destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones para que estas tengan enfoques diferenciales en todas las direcciones y acciones institucionales, asegurando que las iniciativas sean más inclusivas y efectivas.
Otra solución puesta sobre la mesa fue la necesidad de incorporar un enfoque diferencial en las políticas públicas que permita reconocer las labores de cuidado ejercidas por las mujeres rurales e indígenas.
Nancy Andrea Moreno Lozano, de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, señaló que “el cuidado rural va más allá de cuidar a terceros, pues incluye el cuidado del territorio, de la tierra, del agua y de los bosques, actividades fundamentales que han sido históricamente invisibilizadas”.
También expresó que “las políticas públicas diseñadas desde las grandes ciudades no logran capturar las realidades vividas en los territorios indígenas, lo que limita su efectividad”.
Como conclusión se destacó que la participación equitativa de las mujeres en la reforma agraria no sería solo un tema de justicia social sino también una necesidad para el desarrollo sostenible del campo colombiano. Este enfoque puede transformar las dinámicas de las comunidades rurales fortaleciendo su economía y su tejido social, así como el respeto por sus derechos.
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