Aunque el sistema de salud ha avanzado en cobertura, las regiones del Pacífico, Oriental y Atlántica presentan las tasas más altas de “eventos no deseados” en salud, que incluyen desde casos prevenibles de sífilis congénita hasta infecciones asociadas con el cuidado y muertes por falta de atención oportuna. Además, indígenas, afrodescendientes y personas con bajos ingresos se encuentran entre los grupos más afectados por estas inequidades.
En el sistema de salud colombiano el concepto de “seguridad del paciente” es fundamental en la discusión sobre calidad en la atención sanitaria, pero hasta ahora se ha enfocado en lo que ocurre dentro de hospitales y clínicas.
Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), propone sustituir este concepto por “seguridad de la persona y del paciente” para visibilizar a quienes ni siquiera logran acceder a los servicios de salud. En Colombia hay personas que fallecen no por errores en la atención, sino porque nunca lograron recibirla.
“No se trata solo de evitar errores médicos, sino de reconocer que el sistema en sí mismo, con sus barreras geográficas, burocráticas y estructurales, le está generando daños graves a la población”, aclara la investigadora.
En su estudio regresó a la década de 1970 para analizar documentos como políticas públicas de la época, investigaciones científicas y reportes oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, y más reciente los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo incluyó la Ley 100 de 1993, promulgada para hacerle frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso.
Al revisar más de 2.000 fuentes y documentos, la doctora Estrada encontró que en Colombia existen eventos no deseados, incidentes que causan daño al paciente como resultado de las fallas en la atención (falta de acceso, atención no oportuna, atención no continua y atención con calidad subóptima).
Tales fallas ocurren en el ciclo completo de atención, que incluye promoción de la salud y prevención y atención de la enfermedad, que pasan desapercibidos porque no se han considerado como parte de los eventos no deseados. Estos incluyen casos de sífilis congénita, tétanos neonatal, enfermedades inmunoprevenibles (por ejemplo, fiebre amarilla, influenza, sarampión, rubeola, neumococo y Covid-19), desnutrición y otras condiciones atribuibles a fallas en la atención.
También encontró reportes relacionados con obesidad, sobrepeso y desnutrición infantil, además del empeoramiento de enfermedades de base como la epilepsia, infecciones urinarias, anemias y hasta hemorragias, algunas por no ser atendidas y otras por no recibir dicha atención a tiempo.
En el caso de la sífilis congénita, la doctora relata que se trata de una enfermedad prevenible con un tratamiento cuyo costo es significativamente bajo por dosis, pero que aun así sigue afectando a niños recién nacidos con un patrón al que denomina “periférico” porque es más evidente en zonas alejadas del país. El problema no es la falta de medicamentos, sino las barreras para que las madres reciban atención oportuna.
“Algunas mujeres son diagnosticadas y tratadas, pero su pareja no porque está afiliada a otra EPS, lo que significa que la reinfección es inevitable; otras ni siquiera se diagnostican oportunamente, no reciben tratamiento, o no el adecuado”, explica la investigadora.
“Sabemos que en salud existen estas inequidades pero nadie había cuantificado hasta qué punto las fallas del sistema están generando daño directo a la población”, agrega.
Una redefinición que amerita urgencia
La fase cuantitativa del estudio se realizó examinando reportes de infecciones quirúrgicas y complicaciones asociadas con procedimientos hospitalarios y bases de datos epidemiológicos oficiales, como los del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
Para este fin, la investigadora dividió el país en cinco regiones:
- Bogotá.
- Región central: Cundinamarca, Antioquia, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas.
- Región oriental: Meta, Santanderes y Boyacá.
- Región occidental: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.
- Región norte: el Caribe colombiano.
Además creó la categoría “otros” para agrupar áreas con sistemas de salud atípicos como Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés, cuyas características de la prestación y barreras geográficas son particulares.
“Hicimos previsiones estadísticas a través de los riesgos atribuibles y las incidencias en cada una de esas regiones. Luego calculamos la magnitud de las diferencias entre regiones e intrarregiones para establecer el tamaño de las inequidades. También usamos gráficas de dispersión y así pudimos visualizar bien los patrones y diferencias en los riesgos en la ocurrencia de los eventos no deseados”, aclara la doctora Estrada.
Así, analizó la relación entre el acceso a la salud y los desenlaces negativos en la población, e identificó un patrón claro: las zonas periféricas, rurales y con menor desarrollo presentan tasas significativamente más altas de eventos adversos. “En departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca y Casanare el riesgo de sufrir eventos no deseados derivados de fallas en la atención es hasta 10 veces mayor que en ciudades como Bogotá o Medellín”, precisa.
Aunque todos deberían recibir la misma calidad de atención en el sistema de salud, el estudio sustenta que existen factores que contribuyen a estas inequidades, como el nivel de ingresos, la etnia, la zona geográfica y el nivel de educación.
“La población indígena y afrodescendiente, así como las personas con baja escolaridad o ingresos inferiores a 1 smmlv son las más afectadas por los eventos no deseados, ya sea por no tener una cita médica a tiempo o por no tener la posibilidad de acceder a un tratamiento”, destaca la doctora Estrada.
Con estos resultados, además de sugerir una redefinición del término “seguridad del paciente”, la investigadora evidencia los eventos no deseados en pacientes de diferentes regiones para que este término incluya esos efectos negativos derivados de barreras en el acceso y la calidad de la atención en salud.
