El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia ha intensificado sus esfuerzos para estabilizar el sector arrocero tras el paro nacional que paralizó la producción en varias regiones del país. En una reciente mesa técnica realizada con representantes de Dignidades Agropecuarias y líderes arroceros de Meta, Casanare y Arauca, se acordó la activa cooperación para que los productores de estas zonas registren la intención de siembra o área sembrada para el semestre A de 2025, según lo publicado por el ministerio en su pág web.
Este registro se llevará a cabo a través del aplicativo diseñado por el Instituto Colombiano Agropecuario (regarrocero.ica.gov.co) o directamente en las seccionales de la entidad. La inscripción es un requisito fundamental para activar políticas e instrumentos para la cadena arrocera e iniciar la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo.
Además, se informó sobre el seguimiento realizado por la Comisión Intersectorial de Lucha Contra el Contrabando, que ha reportado 13 operativos fronterizos en conjunto con autoridades de otros países, resultando en 21 aprehensiones en cereales por un valor de $235.676.283, según el reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En cuanto al compromiso de activar la participación de los pequeños productores del grano en las compras públicas a través de la Agencia de Desarrollo Rural, se informó que quedaron habilitados para participar en el proceso de oferta de arroz bajo el modelo de integración de pequeños productores a compras públicas de hasta el 30% del arroz requerido en este sistema, representados por Fedearroz.
Para este mecanismo, es necesaria la inscripción de los pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, de acuerdo con el Decreto 248 de 2021. Fedearroz certificará a las organizaciones de productores de arroz que están siendo beneficiadas con la adquisición.
Los representantes de Meta, Casanare y Arauca se comprometieron a identificar las organizaciones de productores que puedan vincularse al mecanismo de compras públicas.
En cuanto a las medidas implementadas, el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 084 de 2025, que estableció el programa de apoyo directo a los pequeños y medianos productores, operado por la Bolsa Mercantil de Colombia. Se finalizó la validación de datos de la caracterización de los productores inscritos para el programa, quienes disponen de cultivo para la cosecha entre el 11 de abril y el 30 de junio de 2025.
Sobre la política de libertad vigilada de precios, se emitió la Resolución 085, que busca garantizar la transparencia y estabilidad en el mercado, beneficiando a todos los actores de la cadena desde los productores hasta los consumidores. La resolución se centra en tres actores clave de la cadena productiva: productores, transformadores e importadores, y grandes y medianos comercializadores.
Asimismo, fue aprobado el Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA), dirigido a pequeños y medianos productores del subsector de arroz, que tendrá una duración de seis meses y una asignación de recursos por $7.000 millones. Este apoyo tendrá cobertura en varias zonas del país, incluyendo la Zona Costa Norte, la Zona Bajo Cauca, la Zona Centro, la Zona Santanderes y la Zona Llanos.
En materia de financiamiento, se destacan el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA), el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR) y el programa de reactivación agropecuaria. Estas medidas buscan democratizar el acceso al crédito, mediante una oferta integral de elementos para la gestión social e integral de los riesgos agropecuarios y apoyar a los productores agropecuarios afectados por múltiples riesgos como factores climáticos o emergencias fitosanitarias.
Igualmente, en este eje de política, para la atención y alivio de sus deudas, cuando en desarrollo de dichas actividades se presenten las situaciones de riesgo ya mencionadas, será a través del instrumento FONSA, cuyo objetivo es otorgar apoyo económico a los pequeños y medianos productores agropecuarios, forestales, de acuicultura y pesqueros.
