El Servicio de Rentas Internas (SRI) pagó una reparación económica de $ 6,8 millones a Koval Management S. A., empresa contratada por la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, Trabajadores Propietarios Cooproclem, por haber cobrado a esta asociación valores de más durante la venta de la finca bananera más grande del país. Koval administró la hacienda La Clementina entre el 2014 y 2021.
“Se hizo una medición del predio con tecnología —entre el 2015 y 2018— y se detectó que el SRI había vendido un poco más de 11.000 hectáreas, pero en realidad el terreno tenía un poquito más de 10.000, es decir, habían como 900 hectáreas que no existían”, explica Julio Cueva, abogado externo de Koval.
Esta indemnización, que ya se entregó mediante nota de crédito, se determinó en una resolución judicial del Tribunal Primero de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en mayo de este año. En esa fecha se aceptó el recurso de apelación de la acción de protección que interpuso Cooproclem —que inició el proceso y luego cedió sus derechos a Koval—, se declaró la vulneración de derecho a la propiedad y se dispuso al SRI que entregue la nota de crédito a Koval.
El valor de $ 6,8 millones fue calculado por el perito Diego Donoso, el 16 de marzo, con base en el avalúo de las 990,4 hectáreas faltantes. Tanto Koval como el SRI tenían tres días para presentar sus observaciones al informe pericial, pero no lo hicieron en ese lapso.
El SRI, que no atendió un pedido de este Diario, solicitó semanas después, en abril, el detalle de la forma y los motivos que llevaron a ese monto, porque consideró que difiere “en exceso” al requerido en la medida de protección, que no se detalla en el proceso. Ante esto, el perito responde que la indemnización es “consecuencia de la declaratoria de una vulneración de derechos (…). Lo manifestado por el Servicio de Rentas Internas no es aplicable al caso, debido a que se estaría requiriendo tomar como referencia el avalúo realizado en el año 2013 por la compañía Peritase S. A., cuando he elaborado un avalúo comercial a la fecha actual en la que se producirá la reparación”.
Koval reclamó esta reparación luego de que —según el abogado Cueva— la cooperativa de trabajadores de La Clementina reconociera una inversión, cuyo monto no detalló, que había realizado la empresa durante los años en que administró la hacienda: “Koval hizo préstamos para obtener material, porque cada semana hay que cortar plantas, sacar banano, volver a ponerle insumos, regar (…); la materia prima para hacer producir la tierra”.
Los trabajadores hicieron un reclamo administrativo ante el SRI por los valores cobrados de más, en febrero de 2018, pero la institución se los negó, detalla Cueva, quien añade que ante esa respuesta presentaron la acción judicial en julio de 2021, con la cual obtuvieron el fallo a favor, en mayo de este año.
La nota de crédito sirve —asegura Cueva— para cruzar cuentas y endosar con alguien específico a un menor precio. En este caso, la empresa Koval hizo una “división de $ 1,5 millones para un abogado”. “El resto no sabría decirle (…). El SRI cobró en efectivo y devolvió en papeles”, acota.
La Clementina, que dejó de operar en agosto de 2021, se encuentra actualmente embargada por la Corporación Financiera Nacional (CFN), institución que en 2013 concedió un crédito a los trabajadores asociados en Cooproclem por $ 78,9 millones. No obstante, estos recursos no han sido cancelados.
Pese a que la CFN tiene embargada la hacienda, no podría haber hecho esta gestión, porque —según el abogado de Koval— “el dueño sigue siendo Cooproclem. El embargo es una medida preventiva”.
Hasta diciembre del 2021, la deuda con la CFN sumaba $ 74,3 millones, recursos que la entidad estatal aún no ha logrado recuperar. Se anunció, a mediados de este año, la posibilidad de rematar la mitad de los terrenos que no se dedican al banano, pero hasta el momento no se ha concretado. (I)
