Marina Mercante aplicó las sanciones -que varían entre los 15.000 y 59.700 euros según el barco- por considerar que los navíos apagaban de forma reiterada sus sistemas de identificación automática (SIA) mientras pescaban, lo que supone un riesgo para la seguridad, según las resoluciones, que han sido difundidas este jueves.
La Administración actuó tras recibir informes de la Comisión Europea (CE) y de la organización ambientalista Oceana de 2021, que denunciaban ese apagado del SIA, según los textos de las resoluciones, publicados por la ONG.
Los 25 pesqueros sancionados pertenecen a las empresas Freiremar, Gandon, Moradiña, Pesca Baqueiro, Pesca Herculina, Pescaeste, Pesqueras Barra, Pesqueras de Bon, Gadimar, Manuel Nores Canarias, Pesquerías Marinenses, Nores Marín, Profesionales Pesqueros y Walvifish.
Oceana alegó que las embarcaciones habían desactivado su geolocalización y pasaban el doble del tiempo con el SIA apagado; la ONG habló de 27 barcos españoles pero Marina Mercante no encontró pruebas en dos de ellos.
Entre los argumentos, Marina Mercante constata que hay pruebas de esa desactivación y que aunque no entra a valorar en la razón de la ocultación de los barcos penalizados, existen muchos motivos probables.
Entre esas razones puede estar el esconderse para faenar en zonas prohibidas sin que se sepa su posición o, por el contrario, no querer revelarla simplemente para que no la sepan otros buques pesqueros de la competencia.
Control de la actividad pesquera y de la seguridad marina
El SIA comparte datos de localización de la embarcación y es obligatorio para fomentar la transparencia de la actividad pesquera y la seguridad en el mar.
Los buques sólo pueden desactivarlo legalmente en situaciones excepcionales, como cuando navegan en zonas donde la piratería podría ser un problema.
El asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini, ha celebrado, en un comunicado, la decisión “de la Administración española por dar un paso más en favor de la transparencia” y ha pedido que otros países, como China, investiguen esa práctica.
Fresco Vanzini ha abundado en que, si bien estas sanciones son por cuestiones de seguridad y no por pesca ilegal, sería conveniente estudiar si por la Ley de Pesca se deben penalizar, ya que el “apagado de luces” dificulta el control de la actividad extractiva.
En 2024 el reglamento nuevo de control pesquero de la Unión Europea exigirá a todas las embarcaciones notificar con antelación a las autoridades competentes cualquier apagado del SIA.
“El uso de sistemas de identificación automática es clave para la seguridad, para que los estados sepan lo que pasa en sus aguas y para garantizar que las actividades se desarrollan dentro de la legalidad”, ha añadido.
Oceana ha apuntado que el número de barcos españoles que operan cerca de Argentina es pequeño en comparación con las flotas de China, Corea y Taiwán, “al menos unos 500”.
En su investigación, analizó la actividad a lo largo de la frontera de las aguas nacionales de Argentina, utilizando datos de Global Fishing Watch (GFW)2 , una organización independiente en colaboración con Google y SkyTruth que investiga la localización de flotas en alta mar.
Oceana ha instado a los países identificados en su análisis, entre ellos China, Corea del Sur y Taiwán, a hacer cumplir las normas, priorizar la transparencia y garantizar la seguridad de los pescadores a bordo.
