La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, expedida en 2011, estableció la posibilidad de utilizar como crédito tributario para el impuesto a la renta lo pagado por el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por bienes de producción, lo que representó un alivio significativo en los costos de producción para las empresas locales. Esta medida beneficiaba a 3,800 subpartidas de productos esenciales para la industria nacional.
Sin embargo, con la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de dicha ley por parte de la Corte Constitucional, esta normativa perdería su vigencia a partir de 2025. Ante esta situación, la Corte ha otorgado un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que resuelva los vacíos legales dejados por la inconstitucionalidad.
En este contexto, el 28 de noviembre de 2024, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció la reducción de la tarifa del ISD a 0% durante los tres primeros meses de 2025 y una tarifa del 2,5% para los meses subsiguientes.
Esta medida, aunque temporalmente reduce la tarifa del ISD, no fortalece la competitividad de los sectores productivos del país. Al contrario, representa un incremento en los costos de insumos esenciales para la producción y exportación. La industria local se vería directamente afectada, ya que, en la práctica, la medida implicaría un aumento del ISD de 0% a 2,5%, lo que podría generar un impacto económico negativo significativo. Esta decisión parece responder a fines recaudatorios, ya que el gobierno no había presupuestado anteriormente estos montos, lo que incrementaría los costos y gastos para las industrias locales.
El Cluster Bananero de Ecuador y otros sectores productivos del país expresan su preocupación por estas decisiones, que no solo incrementan los costos operativos de las empresas, sino que también podrían afectar la competitividad y sostenibilidad de las industrias locales, especialmente en un contexto de crisis económica y social.
El gobierno debe presentar soluciones definitivas para resolver esta situación antes del 31 de diciembre de 2024, y tomar en cuenta el impacto que estas medidas pueden tener sobre los sectores productivos del país, indicaron los gremios mediante boletín de prensa.
