Promover actividades productivas lícitas y sostenibles en territorios históricamente afectados por el conflicto armado es el eje de un nuevo proyecto que busca consolidar la industria del cáñamo industrial en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La iniciativa, liderada por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad Santo Tomás, se enfocará en crear una alternativa económica legal en estas regiones del suroccidente colombiano.
La iniciativa busca establecer un modelo de producción legal, sostenible y rentable del cáñamo (variedad de Cannabis sativa cultivado con fines industriales) como alternativa para reducir la violencia y promover sociedades más seguras y equitativas. Para ello contempla instalar dos plantas de transformación vegetal y un aula rural interactiva equipada con tecnologías limpias, en la que se capacitará a las comunidades en el aprovechamiento productivo de esta fibra con alto potencial económico.
Con aplicaciones en industrias como la textil, la construcción, los biocombustibles y los productos alimenticios, el cáñamo está experimentando un crecimiento significativo en el mundo. Según un informe de IMARC Group, firma internacional de análisis de mercado, su mercado alcanzó los 5.400 millones de dólares en 2023 y se proyecta que en 2032 llegue a 19.700 millones.
El cáñamo es una planta versátil que se puede aprovechar casi en su totalidad: sus fibras sirven para elaborar textiles resistentes, papel, bioplásticos y materiales de construcción; sus semillas tienen aplicaciones alimenticias y cosméticas; y sus residuos se pueden emplear como biocombustible.
Pese a su potencial, el cáñamo industrial aún no se cultiva de forma masiva en Colombia, entre otros aspectos porque requiere grandes extensiones de tierra, y eso no es rentable para las empresas privadas. “Todo el cáñamo que se usa aquí, especialmente en textiles, se importa de Asia o África. El mercado local es completamente virgen; no hay competencia porque nadie lo está cultivando. La mayoría prefiere importar antes que producir localmente”, explica David Eduardo Moreno Castro, abogado de la Universidad Santo Tomás y co-creador del proyecto, seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias).
Transformación local y formación para comunidades rurales
En este contexto, el proyecto se perfila como una estrategia para introducir el cáñamo como nuevo renglón económico en la región. Para ello se instalarán dos plantas de transformación vegetal: una en zona de cultivo y otra móvil con base en Tumaco (Nariño), las cuales permitirán procesar las fibras para convertirlas en papel y bioplásticos. Además se implementará un aula rural interactiva como espacio de formación y apropiación del conocimiento en comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Con una duración de tres años, el proyecto espera generar 388 empleos formales en zonas rurales priorizadas, reducir la informalidad laboral regional en un 0,09 %, y aumentar en un 10 % los ingresos familiares derivados del cultivo. También se fortalecerán al menos 6 cooperativas locales y se producirá conocimiento aplicado mediante publicaciones científicas y procesos de formación comunitaria.
“Este proyecto propone no solo una alternativa económica legal, sino un modelo que articula conocimiento, territorio y cultura en comunidades históricamente afectadas por el conflicto”, afirma Daniela Baracaldo, politóloga de la UNAL y coordinadora de la iniciativa.
En su fase inicial, el proyecto contempla sembrar 15 hectáreas de cáñamo, con un rendimiento estimado de 3 toneladas por hectárea, lo que permitirá obtener 45 toneladas. Este volumen se transformará en insumos industriales, dando paso a una cadena de valor que hoy no existe en el país.
Uno de los componentes más innovadores del proyecto es la recuperación de fuentes semilleras de cáñamo, es decir los registros legales que autorizan su uso, cultivo y comercialización en Colombia. Actualmente estos están controlados por pocas empresas.
A través de alianzas estratégicas, el equipo del proyecto logró que varias compañías —ya inactivas pero con registros vigentes— cedieran sus licencias a cambio de que se realizara la caracterización agronómica de las semillas. Esto permitirá que las comunidades las usen libre y perpetuamente, rompiendo así con los monopolios del material genético y devolviéndoles el control sobre su propia producción.
“Nos encontramos con un mercado cerrado, en el que las fuentes semilleras estaban en manos de pocas empresas. Logramos acuerdos para utilizar esos registros y garantizar que las comunidades tengan acceso libre y perpetuo a las semillas, sin depender de monopolios”, añade el abogado Moreno.
El proyecto fue formulado por investigadores del grupo Presidencialismo y Participación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, con el apoyo del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (Unijus) y la participación de las Facultades de Ciencias y Ciencias Agrarias, junto con la Universidad Santo Tomás.
La iniciativa surgió a partir del diálogo con comunidades que se sentían excluidas de los debates sobre la legalización del cannabis, muchas de las cuales desconocían que podían acceder a licencias o que existían alternativas legales viables.
Esta propuesta se presenta ahora como una opción productiva legal que reconoce su experiencia agrícola y busca transformar las condiciones estructurales del territorio. Actualmente está en etapa de aprobación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), cuya evaluación final se conocerá el próximo 9 de junio.
