El Decreto Ejecutivo 231, firmado el 24 de noviembre de 2025, amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los productores registren plantaciones de banano, plátano y otras musáceas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). La medida busca regularizar cultivos que existían sin registro formal y mejorar el control del Estado sobre las áreas productivas destinadas a exportación. Sin embargo, su alcance ha generado posiciones contrapuestas dentro del sector.
Regularización y control: avances y dudas
El decreto permite que plantaciones antiguas que nunca fueron inscritas finalmente sean registradas, algo que productores de diferentes provincias ven como una oportunidad para formalizar actividades y obtener un mapa real de la producción nacional. El Gobierno insiste en que la norma no cambia la prohibición de nuevas siembras sin autorización del MAGP, y que las multas por siembra irregular se mantienen vigentes.
El sector platanero respalda la regularización, pero cuestiona la prohibición de siembras
Para Eduardo Manrique, director ejecutivo de ASOEXPLA, la prórroga representa una herramienta útil para ordenar un sector históricamente marcado por la informalidad. La medida —señala— permitirá saber cuántas hectáreas de plátano existen, en qué zonas, y quiénes están produciendo, información clave para planificación y asistencia técnica.
Aun así, Manrique advierte que el decreto mantiene una restricción que afecta especialmente al plátano: la prohibición de nuevas siembras, pese a que la oferta nacional es insuficiente, la productividad por hectárea es baja y la demanda crece tanto en el mercado interno como en la agroindustria y la exportación. Para ASOEXPLA, el país necesita ampliar su superficie sembrada de plátano para sostener la demanda, y por ello plantea revisar el marco regulatorio.
Sector bananero denuncia irregularidades: “es una estafa al Estado”, afirma FENABE
La reacción más crítica proviene del segmento bananero. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (FENABE), rechaza rotundamente la ampliación del registro hasta 2026 y sostiene que el decreto podría interpretarse como una alteración indebida de la Ley del Banano vigente.
Torres asegura que “cuando alguien modifica una ley de manera ilegal para beneficiarse, se considera un delito de prevaricación”, y advierte que una interpretación errónea del decreto podría abrir espacio para irregularidades. Según su postura, la medida permitiría que plantaciones no autorizadas queden legalizadas sin pagar las multas correspondientes, lo que —afirma— constituiría “una estafa al Estado”.
El dirigente critica además que el plazo tan amplio podría incentivar siembras en zonas donde el cultivo históricamente no ha sido viable. “Con un permiso tan largo, van a terminar sembrando banano hasta en Chimborazo”, señala, advirtiendo que esto distorsionaría el ordenamiento productivo.
Temor de afectación al pequeño productor
Torres también sostiene que la ampliación puede agravar la desigualdad dentro del sector. Según él, la regularización tardía permitiría consolidar grandes plantaciones que fueron sembradas sin autorización, lo que —en su criterio— “terminará de liquidar al pequeño productor que no tiene capacidad económica ni tecnológica para competir con los grandes exportadores”.
Por estas razones, FENABE insiste en que no apoya la prórroga y pide que se haga cumplir la ley vigente, incluidas las sanciones establecidas para plantaciones sembradas sin permiso.
