La reciente decisión del Gobierno Nacional de fusionar los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción en una sola entidad denominada Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ha comenzado a generar reacciones en diversos sectores agrícolas del país.
Representantes de organizaciones campesinas, pequeños productores y dirigentes rurales manifestaron su preocupación ante lo que consideran una medida que podría debilitar aún más la representación y atención de las necesidades específicas del sector agropecuario.
Según varios agricultores consultados, la desaparición de una cartera exclusiva para la agricultura genera incertidumbre sobre el futuro de las políticas públicas dirigidas al campo, especialmente para los pequeños y medianos productores que históricamente han reclamado mayor apoyo estatal.
“Si antes no nos escuchaban, ahora menos”, expresó un dirigente agrícola de la Sierra centro. “La agricultura tiene problemas propios que requieren soluciones específicas. No es lo mismo manejar las finanzas del país que atender la producción de alimentos o las necesidades de los campesinos”.
Otros productores señalaron que la nueva estructura podría concentrar las decisiones en sectores vinculados a la agroexportación y a los grandes grupos económicos, relegando a segundo plano las demandas de la agricultura familiar campesina, que abastece una parte importante de los alimentos consumidos en el país.
“Sentimos que cada vez estamos más desamparados. Las comunidades rurales necesitan asistencia técnica, acceso a créditos, sistemas de riego, apoyo para comercializar sus productos y precios justos. Tememos que estas prioridades pierdan espacio dentro de un ministerio tan grande”, manifestó una productora de la Costa.
Las preocupaciones también se extienden al ámbito de la logística y el abastecimiento alimentario. Diversos actores del sector consideran que la nueva orientación institucional podría responder principalmente a intereses productivos y comerciales de gran escala, dejando en segundo plano las necesidades de los pequeños agricultores y de las economías rurales.
Analistas del sector agropecuario señalan que la reestructuración no representa únicamente un cambio de nombres o de organigrama, sino una transformación profunda en la forma de diseñar y ejecutar la política agropecuaria nacional, cuyos efectos podrían sentirse en toda la cadena de producción, distribución y abastecimiento de alimentos.
Mientras tanto, organizaciones campesinas han anunciado que en los próximos días mantendrán reuniones para analizar el alcance de la medida y definir posibles pronunciamientos y acciones en defensa de los intereses de la ruralidad ecuatoriana.
Los productores insisten en que cualquier reforma institucional debe construirse con la participación de quienes trabajan la tierra y garantizan la seguridad alimentaria del país, advirtiendo que el fortalecimiento del sector agropecuario requiere más presencia del Estado en el campo y no una menor atención a sus demandas históricas.
