Bajo el lema “El campo se defiende”, representantes de organizaciones agrícolas y campesinas de varias provincias del país se reunieron el viernes anterior en el cantón Milagro, provincia del Guayas, donde desarrollaron la Asamblea Cantonal de las Organizaciones del Campo por la Soberanía Alimentaria. Durante la jornada aprobaron una serie de resoluciones en defensa de la agricultura familiar y en rechazo a las políticas que, aseguran, afectan al sector agropecuario.
En el encuentro, las organizaciones resolvieron solicitar el archivo inmediato del proyecto denominado “Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola”, al considerar que favorece a las grandes corporaciones agroindustriales en perjuicio de los pequeños y medianos productores. Entre sus principales cuestionamientos señalaron que la propuesta elimina los precios de sustentación, los consejos consultivos, reduce la financiación pública para el sector y permitiría el ingreso de semillas transgénicas.
Asimismo, acordaron fortalecer la plataforma de organizaciones agrícolas y asociaciones campesinas “Indignación Campesina”, con el objetivo de articular acciones frente a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, las cuales, según manifestaron, afectan a la agricultura familiar y a los trabajadores del campo.
Como parte de su plan de acción, los participantes anunciaron la realización de nuevas asambleas territoriales en los cantones Vinces (Los Ríos), Salitre y Lorenzo de Garaicoa (Guayas), Machala (El Oro), Quinindé (Esmeraldas) y Portoviejo (Manabí), con el propósito de ampliar el debate y consolidar una agenda nacional del sector.
Otra de las resoluciones fue avanzar en la construcción del manifiesto de “Indignación Campesina”, incorporando los aportes recogidos durante la asamblea, así como conformar un equipo de comunicación que impulse la campaña nacional “Sin Campo no hay Alimento”, orientada a visibilizar la importancia de la producción agrícola para la seguridad alimentaria del país.
Durante la reunión también se expresó el respaldo a la dirigente Ana María Raffo y a otras personas y organizaciones que, según los asistentes, han sido perseguidas y criminalizadas. Además, denunciaron el asesinato de la dirigente social Mónica Silva, en la provincia de Santa Elena, y del dirigente Julio Vera, en Los Ríos, entre otros casos.
Finalmente, las organizaciones rechazaron la fusión del Ministerio de Agricultura con otras entidades del Estado, al considerar que esta medida debilita las políticas públicas de fomento agropecuario, asistencia técnica y desarrollo rural, afectando principalmente a los pequeños y medianos productores.
La asamblea contó con la participación de organizaciones como la Asociación de Productores de Ciclo Corto del Ecuador (ASOPRACORT), el Comité de Defensa Nacional del Agricultor, la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSCE), la Federación Nacional de Arroceros del Ecuador, la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (FENABE), centros agrícolas y asociaciones campesinas de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y otras provincias del país.
