Desde el inicio del gobierno actual, se ha hecho mención a la importancia de una ley de tierras que combata el latifundio y sea redistributiva.
En 2012, ingresan a la asamblea nacional varios proyectos de ley, donde un eje común era la fijación de límites a la extensión, al igual que los causales de expropiación por conceptos no del todo definidos como función social y ambiental. Es importante anotar que la función social ya se la mencionaba en la constitución de 1998, y que para la nueva constitución de 2008, se ratifica y amplía la función ambiental.
En el mismo año 2012, ya el Presidente hace mención, en una sabatina, que en los años 60´s y 70´s, se había “solucionado” el problema del latifundio y se había creado un problema más grave aún, el minifundio. Los 5 proyectos ingresados a la Asamblea Nacional, en el mismo 2012, llegaron a un punto de fusión entre todos, sin embargo por temas aparentemente político-electorales esta queda en suspenso hasta 2014 que se retoma la elaboración del informe para el primer debate en el pleno.
Actualmente la Asamblea Nacional aprobó la ley, que deberá ser aprobada o vetada por el Presidente.
La ley aprobada, establece las áreas mínimas de no afectación en 25 hectáreas para la sierra, 75 hectáreas para la costa y 100 hectáreas para la Amazonia, en Unidades Familiares Productivas que pertenezcan a la Agricultura Familiar Campesina.
Sobre la Función Social
- Productividad, determinada por la Autoridad Agraria y en base a ciertos de parámetros por zona agroecológica y tipo de producción
- Cumplimiento de las Obligaciones Laborales
- Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social
- Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Sobre la Función Ambiental
- Cumplimiento de las Normas Ambientales vigentes
El documento aprobado, establece sinnúmero de atribuciones y competencias para la Autoridad Agraria Nacional (el Ministerio del ramo, que podría ser Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca); donde los causales de expropiación son múltiples, y que a criterio personal, muchos son bastante ambiguos y conllevan una posible discrecionalidad en la aplicación de la ley.
El Sector Agropecuario, en el mundo entero, se lo considera como la “Niña Mimada” de los Estados. Hay una clara conciencia de las distintas realidades que son aplicables en el agro, como factores climáticos y naturales; estos no están definidos ni mencionados en la ley.
Esta ley podría fácilmente convertirse en una nueva forma de reforma agraria, por sus mismas ambigüedades.
El Sector Agropecuario es el productor de alimentos para la población ecuatoriana, y representa el principal motor de las exportaciones, luego de la caída del precio del petróleo, y por ende, el principal generador de divisas y sostén de la dolarización.
En una coyuntura como la actual, donde el sector productivo requiere certezas, claridad en las “reglas del juego”, una ley con las características como la actual, preocupa de sobremanera por la sostenibilidad de un sector tan sensible como el agropecuario, y la posible afectación a la seguridad alimentaria, siendo esta seguridad lo que aparentemente la ley defiende.
Autor:
Rodrigo Gómez De La Torre
Presidente Cámara de la Agricultura Zona 1
Concuerdo plenamente. Hay que resolver la raíz del problema y no quedarse bajando la temperatura en las sábanas. Hora de cambiar el chip y no seguir proponiendo soluciones de papel que agravan el problema. Felicitaciones por la defensa del agro.