En la cuenca del Jubones y en Pichincha, el proyecto Foreccsa coordina acciones entre instituciones públicas.

Hasta hace diez años, Esteban Collago sabía la fecha exacta en la que debía sembrar en Pitana Bajo, una comunidad con 1.500 habitantes localizada en Cayambe (Pichincha). “A fines de agosto había que sembrar maíz para la fanesca. Y la última siembra era el 2 de noviembre. Ahora todo depende de las lluvias porque aquí hay hasta ocho meses de verano”, comenta su hijo.

José Pacheco, presidente de aquella comuna, agregó que “justo en las fechas de siembra, el suelo es seco”. En la vida cotidiana de las familias residentes en la región Andina, aquellas manifestaciones de la transformación climática planetaria conllevan consigo afectaciones a las plantaciones de maíz, papas, habas, hortalizas y legumbres. Su consecuencia última es, usualmente, la disminución de esos productos en la alimentación diaria de los comuneros y en los mercados locales.

La cooperación entre Estado y sociedad genera soluciones

Para contrarrestar las consecuencias del cambio climático en las economías familiares rurales, el Gobierno Nacional ejecuta el proyecto ‘Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y consideraciones de género en la cuenca del río Jubones y en Pichincha’ (Foreccsa), bajo el lema ‘El clima está cambiando, por una buena alimentación nos vamos adaptando’, cuyo proyecto inició en 2011 y estará vigente hasta 2018.

“En las zonas beneficiadas, junto con los socios ejecutores, se hizo primero un estudio de vulnerabilidad para conocer las amenazas. Eso permitió detectar los lugares más sensibles para actuar”, indicó Javier Rojas, gerente nacional de Foreccsa.

Actualmente, en este proyecto participan el Ministerio del Ambiente como responsable de la ejecución nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), como asesor en soberanía alimentaria; el Gobierno Provincial de Pichincha y 37 gobiernos autónomos descentralizados cantonales y parroquiales de Loja, Azuay y El Oro; y, en el territorio, los socios ejecutores, 200 comunidades y 15.000 familias rurales.

Además, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas proporciona asistencia técnica para la implementación de las acciones, financiadas con recursos no reembolsables del Fondo de Adaptación, que comprometió $ 7’449.468.

Fuente: El Telégrafo | ElProductor.com

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