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Aunque se aprobó por mayoría, la norma ha levantado críticas desde distintos sectores.
La nueva ley de riego aprobada por el Parlamento días atrás, con respaldo de todos los partidos, abre la posibilidad a los productores de asociarse para acceder a ese recurso, busca atraer inversiones y apunta a incrementar la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos y certidumbre más allá del régimen de lluvias.
Una de las novedades de la nueva norma, que sustituye la que estaba vigente desde 1997, es la creación de las sociedades y asociaciones agrarias de riego con el objetivo de que el uso del riego no sea algo predial e individual, sino colectivo y multipredial mediante la construcción de represas de cierto porte en determinadas cuencas de agua.
Ha habido algunas voces críticas con la ley. Dos senadoras acusaron la tendencia al mercantilismo hídrico, favoreciendo la creación de monopolios. «La evaluación ambiental estratégica brilla por su ausencia», afirmó la senadora Carol Aviaga. También los profesores de la Facultad de Ciencias criticaron la norma través de una carta publicada el pasado año.
«Este proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala», dice la carta difundida. «Visto que no se trata de una acción puntual en un sitio, sino de una iniciativa a escala nacional, consideramos que es nuestro deber alertar sobre las eventuales consecuencias ambientales del referido proyecto», concluye.
