Una de las plantas de silos de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) en enero de 2023. - Foto: Flickr Unidad Nacional de Almacenamiento

Los quintales de arroz eran parte de la reserva estratégica para la seguridad alimentaria de Ecuador y están valorados en USD 1,8 millones.

El liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), Luis Hernández, se ha llevado una sorpresa al cierre de los balances contables de esta empresa pública en liquidación: faltan 55.000 quintales de arroz.

Los quintales están valorados en USD 1,8 millones y hasta el momento de la liquidación, a Hernández no lo han dejado entrar a la bodega privada donde se supone que estaban almacenados los quintales, para constatar si la reserva todavía existe.

Hernández explica que cerró los balances contables y transfirió los activos y pasivos de UNA al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El cierre de balances no implica que los problemas de la empresa han terminado, explica Hernández en entrevista con PRIMICIAS.

Luis Hernández, liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) el 12 de octubre de 2022.

¿En qué situación encontró a la UNA?

El problema de la empresa era de liquidez, es decir, no generaba ingresos al Estado porque en administraciones anteriores se tomaron decisiones que afectaron su patrimonio.

Cuando empecé mi gestión, en septiembre de 2020, me sorprendió la falta de información, era increíble la cantidad de expedientes cercenados y de documentos incompletos.

¿Qué tan incompleta estaba la información?

El 70% de documentación estaba incompleta.

Con todos esos problemas llevamos a cabo el proceso y, al cierre de balances, la UNA transfirió USD 86 millones en activos y USD 20 millones en pasivos al Ministerio de Agricultura.

Pero todavía hay varios nudos críticos de los pasivos, que ahora tendrá que solucionar el ministerio.

¿Cuáles son esos nudos?

Uno de los problemas es el de los juicios coactivos que UNA inició a los agricultores, a las asociaciones de productores y a las empresas que le compraron kits agrícolas o fertilizantes y no pagaron.

Son USD 5 millones en coactivas que quedaron pendientes, de ese valor, alrededor de USD 1,5 millones son deudas de pequeños agricultores.

En mi gestión logramos cobrar USD 800.000 en convenios de pago.

Lo más preocupante es que esos agricultores están con prohibición de enajenar bienes, no pueden pedir préstamos de la banca pública ni privada.

Y con el cierre de la UNA, hay un problema jurídico, porque la única entidad que podría levantar la coactiva era la UNA, pero ya no existe.

Habrá que hacer alguna reforma legal para que el MAG pueda levantar esas coactivas.

¿Qué irregularidades quedan por esclarecer?

Me preocupan los 55.000 quintales de reservas estratégicas de arroz, que son para la seguridad alimentaria de Ecuador.

En 2019, quienes estaban frente a la UNA firmaron un contrato para almacenamiento de esta reserva, con la empresa privada Carozeli.

Desde que empecé mi gestión de liquidador he intentado constatar el estado de esa reserva, pero ha sido imposible.

Desde que empecé mi gestión de liquidador he intentado constatar el estado de esa reserva, pero ha sido imposible.

 

No podemos ingresar (a las bodegas, ndr) porque, aunque el producto es un bien estatal, está almacenado en bodegas privadas.

¿Cuál es la justificación de Carozeli para no dejarlos entrar?

Recién el 11 de octubre, cuando culminó mi gestión, me respondieron un correo diciendo que debía pedir permiso con 48 horas de anticipación para que nos dieran acceso. ¿Cómo voy a hacerlo si ya no existe UNA?

¿Cree que esa reserva desapareció?

Es que si no nos han dado acceso desde 2020, yo me temo que la reserva estratégica ya no existe.

Me temo que la reserva estratégica ya no existe.

Yo no sé si la tienen o si la usaron. Como no pude constatar ni recibí respuesta, no sé qué hicieron con ese producto.

Creamos comisiones y agotamos las instancias técnicas para constatar que las reservas están en ese predio privado, pero no nos han dado una respuesta ni una explicación.

El Ministerio de Agricultura ya está alertado para que solucione ese problema.

¿Qué otras irregularidades ha encontrado?

Hay varias deudas de entidades estatales, entre ellas está una de USD 12 millones del Ministerio de Finanzas, por un cargamento de quintales de arroz que el gobierno del expresidente Rafael Correa envió a Cuba en 2013.

La UNA nunca recibió el pago de ese producto y una anterior administración decidió sacar esa deuda de los balances en 2017.

Hay una deuda pendiente por un cargamento de arroz enviado a Cuba en el gobierno de Rafael Correa.

Nosotros nos dimos la tarea de identificar la parte documental de esa entrega de producto, pero no pudimos hacer más. Le tocará a las auditorías del Ministerio de Agricultura esclarecer qué pasó.

¿Cuál es la situación de los activos que deja al ministerio?

No contábamos con presupuesto para dar mantenimiento completo a todos los activos, hicimos lo que pudimos para entregarle al Ministerio de Agricultura bienes que sean útiles.

Los silos que no rematamos están en buen estado, aunque sí necesitan mantenimiento y repotenciación, pero sirven.

Las bodegas también están en un estado como para operar.

El ministerio está recibiendo plantas con silos en Babahoyo, Daule, Tosagua y Ventanas. Las plantas que ya no tienen silos son las de Quevedo y de Portoviejo.

Sin embargo, hay un tema por solucionar con los activos. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está pidiendo en dación de pago varias plantas de la UNA, como pago de una deuda.

¿Por qué tendrían que ceder esos activos?

La UNA y esta universidad firmaron un contrato de venta de fertilizantes en 2017, por USD 8 millones.

Al final, según los documentos que tenemos, la UNA pagó parte de esa deuda, pero la universidad dice que no ha recibido pago alguno y reclama que la UNA entregue como parte de pago las plantas de Daule, Portoviejo y Quevedo.

Yo he acudido a instancias legales, porque no es justo que esos recursos se entreguen, pero ya el juez les dio la razón. El ministerio tendrá que revisar qué acción toma.

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